Armas y drogas no declaradas en un avión militar estadounidense.

Fuentes:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162267-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51954-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51955-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51956-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51957-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51958-2011-02-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/162267-51959-2011-02-13.html

Seguro que no.

Un avión militar estadounidense intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. CFK ordenó abrir una valija, que los estadounidenses se negaban a entregar. El gobierno reiteró así la negativa a militarizar la seguridad interior. Las maras salvadoreñas y las favelas de Río como modelo para las villas argentinas. El discurso de Macrì contra la inmigración fue calcado de uno de Scioli.

Por Horacio Verbitsky.

El gobierno nacional impidió el ingreso de “carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue utilizada el lunes pasado por la Consejera de Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al solicitar autorización para que un camión con acoplado pudiera ingresar a la plataforma operativa. El enorme C17, un carguero Boeing Globmaster III, más grande que los conocidos Hercules, llegó en la tarde del jueves con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar durante todo febrero y marzo. El gobierno estima que el costo total del transporte y el curso ronda los dos millones de dólares. El curso estaba autorizado por el gobierno argentino, pero cuando el personal chequeó que el contenido de la carga coincidiera con la lista entregada de antemano, aparecieron cañones de ametralladora y carabina y una extraña valija que no habían sido incluidas en la declaración. Aunque el curso estaba destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima.

Doce expertos militares.

La nota que la embajadora Vilma Martínez envió en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, quien por entonces también se encargaba de la seguridad, recordaba que la primera fase del entrenamiento al GEOF para el rescate de rehenes se había realizado en abril, “por lo cual se nos solicitó realizar otro más avanzado”. En otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que había asumido el cargo cinco días antes, Vilma Martínez le informó que Alak había aprobado la realización del curso y que para dictarlo llegarían doce “expertos militares estadounidenses”. Cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, durante los meses en que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato a cargo del Poder Ejecutivo. No los hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 2009, bajo el actual gobierno. El nuevo curso, de cinco semanas, estaba programado para agosto de 2010, pero debió postergarse por un episodio similar. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo, lo cual muestra los conflictos que esta práctica produce dentro del propio gobierno estadounidense. “Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina. Por orden de la presidente CFK, funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Planificación Federal y de Seguridad, de la AFIP y de la Aduana supervisaron el procedimiento. Luego se sumaron técnicos de los ministerios de Salud y del Interior.

Los muchachos de la valija.

En su libro ya clásico The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military, publicado en 2003, la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describió la dramática primacía del Pentágono en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Este desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados Unidos intenta exportarlo a los países bajo su influencia, que son casi todos. Como ya había caído la noche del jueves, Cristina ordenó precintar la valija y reanudar la tarea al día siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería y el ministerio del Interior enviaran al lugar personal técnico capacitado para entender de qué se trataba. Durante seis horas del viernes, varios de los marines de los Estados Unidos se sentaron en forma rotativa sobre la valija, lo cual sugiere la importancia que le asignaban a su contenido. Según los estadounidenses se trata de software y material sensitivo para la seguridad. Un coronel dijo que no debía abrirse a cielo abierto porque podría revelar secretos a los satélites que sobrevolaran en ese momento. El avión también contenía una caja con merchandising para regalar a los policías argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras baratijas. El canciller Héctor Timerman permaneció casi todo el día en el aeropuerto, junto con el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, en cumplimiento de instrucciones presidenciales, junto con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Aduana y de la AFIP y con los principales directivos de las direcciones de Informática, de Tecnología y Seguridad y de Sistemas del ministerio del Interior. También intervinieron dos inspectoras del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Tomó intervención el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Estrada. La embajada retiró del aeropuerto a su personal jerárquico y se negó a consentir la apertura de la valija. Luego de un día completo de tira y afloje, Timerman informó que usaría sus facultades legales para abrirla. Lo acompañaba la oficial principal Patricia Adrianma Rodríguez Muiños, de la sección Importaciones de la Policía Federal, a la que estaba dirigida la carga. Al comprobar la decisión oficial de proseguir, y vencido el plazo final de una hora que fijó Timerman, la embajada pidió diez minutos de prórroga hasta el arribo a Ezeiza de la jefa de prensa, Shannon Bell Farrell. Tanto ella como el agregado Stephen Knute Kleppe dijeron que no tenían la clave del candado, por lo que Timerman dispuso que la Aduana lo cortara con un alicate. Cuando ello ocurrió, en la tarde del viernes, aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. Entre el material había tres aparatos encriptadores para comunicación. Dentro de la valija secreta también apareció un sobre supersecreto, de tela verde. Como el personal de la embajada dijo que no tenía la llave del sobre, también fue abierto por medios expeditivos. En su interior se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como “Secreto”. Códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos. Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado por país”. Ninguno de esos materiales coincide con las especificaciones que la embajada envió a la Cancillería sobre la índole del curso que debía impartirse para el rescate de rehenes. Luego de presenciar esos hallazgos, los funcionarios de la embajada decidieron retirarse, pese al pedido oficial para que permanecieran allí, y no firmaron el acta. El jueves el coronel Alcott dijo que no sabía que algo similar hubiera sucedido en ningún lugar del mundo. Las armas y la valija no declarada fueron requisadas y mañana lunes 14 continuará la verificación de su contenido. Por ejemplo, los antibióticos, antihistamínicos, complejos vitamínicos, protectores solares y hormonas hallados, estarían vencidos según la información de sus envases. Pero el gobierno quiere verificar si se trata de los medicamentos que dicen los envases y si es cierto que están vencidos. El resto del material, que coincidía con la declaración previa fue transportado en un flete de la embajada hasta la sede de la Policía Montada en la calle Cavia. Al cierre de este artículo fuentes de la embajada dijeron que en Washington se estaba preparando un documento con la posición oficial y que consideraban que el entrenamiento sería suspendido. El Departamento de Estado citó al embajador argentino Alfredo Chiaradía y le expresó su “sorpresa” por el procedimiento ya que “Estados Unidos desea mantener relaciones amistosas con la Argentina”. Curiosa forma de lograrlo. Cualquier argentino, civil o militar, que intentara ingresar armas y drogas no declaradas a los Estados Unidos iría preso en forma inmediata.

Transparencia cero.

La polémica entre el canciller Héctor Timerman y los ministros de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, el ex juez Guillermo Montenegro y el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, es secuela de la confrontación del gobierno nacional con el de Maurizio Macrì cuando este proponía reprimir la ocupación del Parque Indoamericano y del Club Albariño, que el gobierno nacional consiguió desalojar sin violencia adicional. En el caso de la Capital el entrenamiento de policías metropolitanos en una academia instalada por los Estados Unidos en El Salvador es un puro desatino, ya que la competencia de la Policía Metropolitana está circunscripta a delitos menores. Durante su reciente visita a la Argentina, el vicecanciller Arturo Valenzuela urgió a la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, a designar miembros de las fuerzas de seguridad argentinas para los cursos de la International Law Enforcement Academy (ILEA) que comenzarían pocos días después. Garré le sugirió que le hiciera llegar la propuesta por escrito y le anticipó que se tomaría el tiempo necesario para estudiarla. La traducción literal de “law enforcement” es aplicación de la ley, y es la expresión usual en inglés para mencionar a las fuerzas policiales y de seguridad, distintas de las Fuerzas Armadas o “the Military”, pero también engloba a jueces y fiscales. El jueves 10, la Cancillería solicitó tanto a Casal como a Montenegro copia de los acuerdos que sus ministerios hubieran firmado con ILEA, los programas de los cursos, los planes de estudio y el listado de sus profesores, y los antecedentes en los que se hubieran basado para asegurar que no contradigan “la Constitución Nacional, la política exterior y la legislación interna argentinas”. Una vez recibidos, los evaluará “a la luz de los distintos instrumentos internacionales firmados por la República, tomando en consideración la responsabilidad primaria que la Cancillería tiene en la materia”. El canciller también citó a los embajadores de El Salvador y de los Estados Unidos y les solicitó la misma información sobre los cursos y los instructores de la escuela policial. Por Estados Unidos recibió el pedido el segundo a cargo, el ministro consejero Jefferson Brown, cuya ocupación anterior fue como Director de Asuntos Multilaterales del Consejo de Seguridad Nacional. Tal vez Timerman obtenga la respuesta que ILEA le negó al escritor estadounidense Wes Enzinna, graduado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley y ganador del premio de periodismo investigativo de la revista The Nation, quien utilizó la ley de libre acceso a la información pública (FOIA) en su intento de conocer a qué se dedica la hermética escuela instalada en El Salvador. En marzo de 2008, el ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security) se negó a contestar las preguntas aduciendo que la divulgación de los materiales de estudio en ILEA podría ayudar a eludir la ley y además “las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público”. Creada por el ex presidente Bill Clinton para “combatir el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo por medio del fortalecimiento de la cooperación internacional”, ILEA posee instalaciones en Roswell, Nuevo Mexico, en Hungría, Tailandia y Botswana.

Escuadrones de la muerte.

La sede centroamericana elegida fue Costa Rica. La organización estadounidense WOLA propuso a un grupo de diputados ticos que plantearan tres requisitos simples y poco radicales: que ILEA fuera transparente e hiciera públicos sus cursos; que garantizara que no participarían militares ni como alumnos ni como instructores, y que constituyera un consejo asesor de la sociedad civil. El gobierno de San José hizo propios esos reclamos y también se negó a conceder la inmunidad a los instructores estadounidenses contra juicios o pedidos de extradición por crímenes de lesa humanidad, tal como hizo la Argentina en 2003 para los ejercicios militares con tropas extranjeras. ILEA rechazó estas condiciones y se mudó a El Salvador, donde tanto la aceptación del gobierno cuanto el rechazo de la oposición fueron incondicionales. Una cuarta parte de sus alumnos son miembros de la Policía Nacional Salvadoreña. En 2007, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador implicó a la Policía Nacional en diez asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte, un cargo que también sostiene la Defensora del Pueblo para los Derechos Humanos, Beatrice Carrillo. El informe arzobispal sostiene que una de las víctimas era un niño de ocho años, otra fue torturada antes del disparo final y existe una pauta de “higiene social” y evidencia de motivaciones políticas en esos asesinatos. Un objetivo declarado de ILEA es la promoción del libre comercio y la protección de los intereses económicos de Estados Unidos. La avanzada de ILEA en Sudamérica es una nueva sede inaugurada en Perú, que depende de la de El Salvador. Ni Unasur ni el Consejo de Defensa Sudamericano se han pronunciado sobre esta ostensible tentativa de borrar las fronteras entre Defensa y Seguridad. Un artículo de Wes Enzinna publicado por el North American Congress on Latin America (Nacla), titulado “¿Otra Escuela de las Americas?” afirma que las bandas conocidas como maras, formadas por jóvenes sin posibilidades de expresión política ni avance económico, tienen unos 25.000 miembros y reproducen “los niveles de ultra violencia de los elementos más reaccionarios del Estado salvadoreño”. Agrega que la política de mano dura o tolerancia cero aplicada combina tropas militares con unidades policiales en el patrullaje de las áreas más conflictivas. La primera ley antimaras, de 2003, permitió a la policía considerar sospechosos a todos los jóvenes que tuvieran tatuajes. En 2006 la policía detuvo así a 19.275 personas acusadas de pertenecer a una mara, pero nueve de cada diez fueron liberadas sin cargos, por falta de pruebas, dice Enzinna. Durante la gestión del anterior presidente, el empresario Elías Antonio Saca, del derechista partido Arena, la policía también se destacó en la represión de la protesta social y la supresión de las libertades civiles, agrega. La ley antiterrorista promulada por Saca sobre el modelo de la Patriot Act estadounidense “fue utilizada para arrestar a cualquiera, desde los activistas contra la privatización del agua en Suchitoto hasta los vendedores de CDs y DVDs que violaban los derechos de propiedad intelectual reconocidos en el tratado de libre comercio centroamericano, CAFTA”. La situación no ha mejorado con el reemplazo de Saca por el popular periodista de televisión Mauricio Funes, quien asumió la presidencia hace un año y medio con el apoyo de los ex guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Al mismo tiempo que restableció relaciones diplomáticas con Cuba, Funes legalizó la intervención castrense en tareas policiales y encargó al Ejército el control de las cárceles. Su “Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia” contempla la construcción de más cárceles.

Las escalas de Obama.

La visita que en marzo hará el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a tres países de lo que allí se denomina “El Hemisferio Occidental” comenzará por El Salvador, donde tiene asiento la escuela desde la que se intenta modelar a las fuerzas de seguridad de la región; seguirá en Brasil, donde según fuertes versiones recorrerá las favelas cariocas en las que el Ejército volvió a realizar tareas policiales y culminará en Chile.

La semana pasada visitaron El Salvador el secretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, William R. Brownfield, y luego Arturo Valenzuela, ambos en preparación de la visita de Obama. La agenda de Brownfield fue la cooperación regional en materia de seguridad y la de Valenzuela la denominada lucha contra la pobreza. La semana pasada el diario salvadoreño El Faro publicó una encuesta según la cual si no hubiera respuestas efectivas a las preocupaciones por el crimen organizado, la inseguridad y la pobreza, “el 45,6 por ciento de los salvadoreños apoyaría la toma del gobierno por los militares”. En enero el Procurador General Romeo Barahona aprobó la creación de un nuevo centro de escuchas y grabaciones telefónicas financiado por Estados Unidos a un costo de cinco millones de dólares, luego de que la embajadora norteamericana Mari Carmen Aponte se lo reclamara por televisión. A su vez el presidente Funes anunció que el Ejército permanecería desplegado por tiempo indefinido para manejar sus responsabilidades de seguridad. Funes viajará a Colombia en busca de asesoramiento en la lucha contra el delito. Consultado sobre la polémica de Timerman con el gobierno porteño, Brownfield dijo que todas las Ileas son “transparentes, absolutamente abiertas a cualquier representante de los medios de comunicación, cualquier gobierno, cualquier visitante” y que ninguno de sus 35.000 egresados “ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos” en ningún país del mundo. La semana pasada, el Pentágono difundió su nueva directiva estratégica militar. Ese documento sostiene que en procura de progresos en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales con Sudamérica, ayudará a construir una cooperación de seguridad regional en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Luego de elogiar a Brasil por el establecimiento del Consejo de Defensa Sudamericano propone integrar a los estados asociados en una “arquitectura de seguridad sudamericana que mejore la estabilidad regional”.

Las distintas fuerzas de la derecha aborigen presentaron el caso brasileño como ejemplo durante los días que duró la ocupación del Parque Indoamericano, como si hubiera punto posible de comparación. En las villas argentinas no viven centenares de miles de personas ni hay carteles de la droga que utilicen armas de guerra o constituyan un autogobierno local. El único fenómeno común es el repliegue del Estado. Por supuesto, hay otras razones para el itinerario de Obama. El Salvador es una economía dolarizada y tanto Brasil como Chile enfrentan un crítico panorama por la apreciación de sus respectivas monedas respecto del dólar, que hace depender su cuenta corriente del ingreso de capitales especulativos, un riesgo del que la Argentina está por ahora a salvo, gracias a las políticas seguidas desde 2003, luego del colapso del esquema que hoy aplican los vecinos premiados con la visita de Obama. El ajuste dispuesto por el nuevo gobierno brasileño muestra uno de los costos de esa situación, que puede agravarse con una previsible alza de la tasa de interés de Estados Unidos. En la Argentina el impacto sería menor, por vía de una reducción en el precio de los commodities que el país exporta. El domingo pasado, el diario Boston Globe publicó una entrevista con el ex subsecretario de Defensa Joseph S. Nye Jr., a propósito de su libro The Future of Power. Para Nye la “guerra de cuarta generación” a veces “no tiene campos de batalla o frentes definibles” y “la distinción entre civil y militar puede desaparecer”. En el reportaje sostiene que en este siglo prevalecerá lo que llama el “smart power” o poder inteligente, que define como la combinación de coerción y persuasión. La canciller de Obama, Hillary Clinton, caracteriza su política exterior con el mismo término. Comenta un economista argentino: “Esto tiene el mérito de aparear a la tasa de interés con los B2 como instrumentos de poder y pintar el clima de época. No hay nada más violento, coercitivo, que la moneda, que no es otra cosa que poder político impreso de curso legal”. Esta es otra forma de comprobar la coherencia entre la política económica de CFK y su actitud intransigente de no permitir que el poder militar estadounidense actúe dentro de la Argentina como si no se tratara de un estado soberano.

Posse Comitatus.

La confusión entre asuntos de defensa nacional y de seguridad interior que caracterizó a la dictadura militar fue suprimida en 1988 por la Ley de Defensa, cuando gobernaba Raúl Alfonsín. Esa prohibición fue ratificada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Menem cuando se sancionó la Ley de Seguridad Interior, y una vez más en 2001 con la Ley de Inteligencia, que promulgó Fernando de la Rúa. Todas ellas separan en forma taxativa los roles de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad y constituyen la más arraigada política de Estado de la democracia argentina. Quien intentó borronear la línea fue el ex senador Duhalde, pero debió retroceder ante la fuerte reacción que encontró en su propio gabinete. La misma separación rige en Estados Unidos. Fue establecida en 1878, después de la guerra civil, por la ley Posse Comitatus, que a su vez reproduce una ley inglesa de 1411, y prohíbe el uso del Ejército como fuerza de seguridad, salvo en casos especiales autorizados por la Constitución o el Congreso. Pese a esta tradición, el gobierno de los Estados Unidos y grupos políticos marginales dentro de la Argentina pretenden volver a enmarañar ambas funciones y sus fuerzas respectivas. Un ejemplo de ello son las declaraciones de ministros de Defensa de las Américas, en las que los términos defensa y seguridad se usan como sinónimos intercambiables. Ese es también el discurso de Duhalde, asesorado por Miguel Angel Tomanzano y Eduardo Amadeo, quienes fueron secretario de Seguridad y embajador en Estados Unidos.

Estupefacientes.

La requisa del material no declarado dispuesta por el gobierno nacional incluyó un bulto repleto de drogas narcóticas y estupefacientes, según este detalle:

Epinefrina Es un estimulante del sistema nervioso.
Ketamina inyectable Droga alucinógena disociativa, que produce efecto anestésico y alucinaciones.
Morfina sulfato inyectable Alcaloide que proviene del opio.
Midazolam inyectable Sedante e hipnótico de efecto rápido.
Naloxona inyectable Antagonista de la morfina, que se emplea en caso de intoxicación con esa droga.
Oxicodona en comprimidos Es un opiáceo sintético.
Nalbuphina inyectable Analgésico opiáceo sintético, que produce una adicción muy fuerte.

Palabrotas.

Las invectivas de Macrì contra “la inmigración descontrolada” no son originales. Hace diez años, cuando se discutía la derogación del 2×1, el diputado Daniel Scioli dijo que no era suficiente, porque la Argentina estaba importando delincuentes. Así reproduce el Diario de Sesiones, las palabras pronunciadas por Scioli el 14 de marzo de 2001: “Nada tienen que ver las características de los inmigrantes que hoy están llegando a nuestro país, especialmente a nuestras grandes ciudades, con las de aquellos inmigrantes italianos y españoles que han hecho grande a nuestra patria, cuando vinieron a trabajar y a poner industrias. Esto se ve claramente reflejado en el caso concreto de muchos delitos que están azotando la ciudad de Buenos Aires con tours de delincuentes que vienen de otros países, con tours sanitarios que vienen a ocupar nuestros hospitales, con delincuentes que vienen a usurpar casas y a ejercer la prostitución. Argentina hoy vive al revés: estamos exportando ingenieros y científicos, y estamos importando delincuentes. Esto no significa ir contra la inmigración. Tenemos que tomar los ejemplos de otros países, como España, que ha producido un sinceramiento en la situación y protegido a los suyos. Por eso tenemos que empezar a proteger a nuestra gente, sancionando una ley migratoria que contribuya a erradicar gran parte de la delincuencia, porque como bien se dijo aquí, la derogación del 2×1 no es suficiente”.

Hechos consumados.

Antes de que lleguen las respuestas de Casal, Montenegro, El Salvador y Estados Unidos, Timerman recibió un informe de la máxima experta legal de la cancillería, la ex ministra de Relaciones Exteriores de Alfonsín, Susana Ruiz Cerruti: luego de revisar todos los convenios bilaterales firmados entre ambos países, concluyó que ninguno prevé el entrenamiento de fuerzas policiales, lo cual indica que se trata una vez más de la política de hechos consumados con la que se manejan desde Washington las relaciones con Subamérica.

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