Archivo de la categoría: Clarín

Nac&Pop | EL PODER DETRÁS DE LOS MEDIOS EN ARGENTINA

Quiénes son y qué intereses tienen los dueños de los medios de comunicación en la Argentina. Un resumen visual de los ejes de la investigación colaborativa entre Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el diario Tiempo Argentino -el proyecto MOM, por su sigla en inglés- sobre 52 medios y 23 grupos em

Fuente: Nac&Pop | EL PODER DETRÁS DE LOS MEDIOS EN ARGENTINA

LOS DUEÑOS DE LAS PALABRAS

Tiempo ar

19 de Abril de 2019

El mercado de medios argentino cuenta con una amplia diversidad de propietarios en cuanto a su tamaño pero los más grandes dominan una amplia porción del mercado, tanto en audiencias como en medios. De los 23 grupos incluidos en el estudio MOM Argentina, el Grupo Clarín es el amplio dominador de este mercado con una amplia cantidad de empresas titulares de canales de televisión, emisoras de radio y diarios. Viacom, de capitales estadounidenses, es el grupo más relevante del mercado televisivo. Grupo América y Grupo Indalo son, de los multimedios de capitales nacionales, los más importantes y diversificados en sus posesiones.

Los 33 dueños de estas empresas son, con una sola excepción, hombres. Sin embargo, son pocos los empresarios de medios que no tienen intereses en otras ramas económicas dentro o fuera de la comunicación como industria. Telecomunicaciones, construcción, energía y finanzas son los sectores económicos donde más presencia tienen los hombres fuertes del sistema mediático argentino.

El Grupo Clarín se destaca como el mayor y más consolidado de los grupos, tanto por ingresos, por cobertura territorial, por las facilidades para acceder a licencias de medios y telecomunicaciones, y por su sociedad con el Estado en la producción de papel como insumo esencial durante décadas en el segmento gráfico. Un indicador de propiedad cruzada arroja que, como mínimo, el conglomerado conducido por Héctor Magnetto supera el 25% de todos los consumos informativos.

Los grupos son privados, comerciales y cuentan con fluidos contactos con los gobiernos nacional, provinciales y municipales, lo cual se ve representado en su captura de porciones significativas de la publicidad oficial. Muchos de ellos explotan otras actividades económicas, para las cuales la actividad mediática resulta un facilitador. La excepción de medios comunitarios y cooperativos, que tradicionalmente fueron marginados del acceso a licencias, a la publicidad oficial y al apoyo económico del Estado que tuvieron los privados, se manifiesta en este informe con la inclusión de Tiempo Argentino.

Si bien la mayoría de los grupos de comunicación están en manos de capitales argentinos, la presencia extranjera (en particular, estadounidense) se hace sentir entre los grupos que dominan la audiencia de canales y señales de televisión. Por otro lado, y a diferencia de los grupos de comunicación de Brasil o México, los grupos argentinos no han desplegado estrategias de internacionalización más allá de la exitosa exportación de formatos y productos audiovisuales. Con la excepción de los grupos editoriales Perfil (en Brasil, China y otros mercados) y La Nación (EEUU), y de Infobae, que además de operar en EEUU tiene presencia en varios países de la región, el resto no tuvo un despliegue internacional (Clarín tiene intereses en Paraguay, Brasil y México pero son marginales en su estructura).

Los grupos más poderosos exhiben una integración multimedia, con participación en la industria audiovisual pero también en diarios (impresos y/o digitales).

El Estado argentino posee un “multimedios” a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, pero su importancia en términos de audiencia y públicos es baja, además de que su conducción y su línea editorial responden al gobierno.

No existe acceso público directo ni controles eficaces por parte del Estado a la información de la propiedad de los grupos mediáticos, salvo excepciones como la del Grupo Clarín (obligado por su participación bursátil a brindar datos sobre su accionariado e ingresos). No obstante, a través de información periodística es posible reconstruir la estructura de propietarios e incluso descubrir quiénes están detrás de representantes o testaferros (como en el caso del Grupo Albavisión).

¿QUIÉNES CONTROLAN A LOS MEDIOS EN AMÉRICA LATINA?

Reporteros Sin Fronteras presentó en San Pablo el Monitoreo de la Propiedad de los Medios en la región. Allí estuvo Tiempo, como parte de la investigación en Argentina. Principales características y recomendaciones para lograr pluralidad y libertad en los medios.

4 de Diciembre de 2019

Tiempo ar

Reporteros Sin Fronteras presentó este martes el Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés) en América Latina, un estudio que retoma las investigaciones que la organización promovió en los últimos años en México, Brasil, Perú, Colombia y Argentina, donde Tiempo realizó la investigación.

Con el objetivo de visibilizar quién controla a los medios en la región y los problemas que una gran concentración de estas empresas genera en la sociedad, se compararon los mercados de medios de estos 5 países y se realizaron recomendaciones a los estados para generar un ambiente de pluralidad y libertad en los medios.

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Matilha, en la parte vieja de la localidad de San Pablo, donde la organización Intervozes, a cargo de la investigación de los medios en Brasil, ofició de anfitrión frente a un público compuesto por investigadores, académicos y militantes de la comunicación.

Allí participaron Emmanuel Colombié, director de la sede para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Gerardo Aranguren, de Tiempo Argentino, Olivia Bandeira y André Pastí, por Intervozes, Luis Brasilino, editor de Le Monde Diplomatique Brasil quienes debatieron sobre los desafíos para enfrentar la concentración y promover la pluralidad. Desde México y por videoconferencia se sumó Itzel Sánchez, de la organización Cencos.

Colombié fue el encargado de presentar el nuevo sitio, que concentra en un mismo lugar el trabajo realizado en la región desde 2015. “La concentración de los medios limita la libertad de las opiniones”, manifestó y planteó una serie de preguntas que explican la misión de estos monitoreos de la concentración de los medios: “¿Cómo las personas pueden realizar una lectura crítica de los medios y de sus contenidos si no saben quién conforma esas empresas de medios? ¿Como los periodistas pueden trabajar libremente sin saber quién controla la empresa en la que trabajan? ¿Como las autoridades pueden lidiar con la concentración excesiva si no saben quien dirige esos medios?”.

Tras la presentación del proyecto, se desarrollaron las particularidades de cada país: el poder de Globo en Brasil y su disputa con el actual gobierno de Jair Bolsonaro así como el gran alcance de las iglesias y líderes religiosos, con un gran número de licencias de radiodifusión; la posición dominante del Grupo Clarín en todas las ramas de la comunicación y las telecomunicaciones en Argentina y el desmembramiento de las regulaciones que hasta hace poco se lo impedían, así como el rol de los medios sin fines de lucro y autogestionados en el país. Y el panorama en México, con los medios controlados por las familias tradicionales desde hace más de un siglo y con periodistas que ponen el riesgo su vida para hacer su trabajo.

Recomendaciones

Reporteros Sin Fronteras realizó una serie de recomendaciones a los Estados de la región para construir un ambiente de pluralismo y libertad en los medios. Se destaca que deben garantizar un sistema de medios plural por medio de regulaciones que impidan monopolios y con límites a la propiedad de los medios; deben garantizar espacios para medios comunitarios y los medios públicos deben tener independencia y autonomía. Consideran que el Estado debe garantizar la transparencia en la propiedad de los medios así como de las fuentes de financiamiento de las empresas de comunicación. También señalan el rol del estado en una distribución democrática de la publicidad oficial y en el resguardo de los periodistas y sus condiciones de trabajo.

Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

Fuente original: Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

 

El Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina es una investigación que revela la composición accionaria y los negocios de diversos grupos mediáticos. La investigación, realizada por el diario cooperativo Tiempo junto a Reporteros Sin Fronteras, describe los efectos de la concentración mediática: el rol del Grupo Clarín, el principal ganador durante el macrismo, la opacidad de los dueños de los medios, la destrucción provocada durante los últimos 3 años. Y el significado del periodismo autogestivo y cooperativo.

“El mapa de los medios de comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibuja altos niveles de concentración, si se toma como referencia la participación de las cuatro principales empresas en cada una de las industrias. El nivel de concentración es mucho mayor si se considera que varios de los grupos mediáticos líderes en una de las ramas (prensa online, por ejemplo) son también dominantes en el resto (tv, radio, prensa gráfica). La concentración en la Argentina es además geográfica, puesto que las principales usinas de información y entretenimiento están localizadas en la zona metropolitana de Buenos Aires”.

Esa una de las conclusiones del Primer Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina, un proyecto de investigación desarrollado por el diario cooperativo Tiempo Argentino y Reporteros sin Fronteras, con apoyo de la Fundación Ebert Stiftung.

El informe, resultado de un trabajo de cinco meses (http://argentina.mom-rsf.org/es/), relevó 22 grupos de comunicación. Se detalla la composición accionaria de los medios, sus negocios paralelos y quiénes son sus dueños, además de una serie de datos respecto a la industria periodística que pueden sintetizarse en imágenes bien concretas:

  • El trabajo señala que es “imposible recrear” cómo es el mercado nacional de audiencias audioviduales, debido a que las mediciones de radio y TV están concentradas en una sola empresa, Kantar Ibope Media, cuyos datos “sólo son accesibles a través de lo que las empresas de radio y televisión, muchas veces a través de otros medios pertenecientes al mismo grupo, informan”.
  • Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), datos de 2017, los cuatro principales grupos televisivos concentran el 56,7 por ciento de audiencia, según se supone. Otro dato monopólico y centralista: “Clarín concentra el 22,6 de las audiencias, pero el 60 por ciento de los contenidos de canales locales de grandes urbes son contenidos repetidos que se distribuyen desde Buenos Aires”.
  • La prensa gráfica perdió “influencia directa por la disminución dramática” de la venta de ejemplares diarios, pero sigue marcando agenda. “La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la TV: los cuatro grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran el 74,18% de las ventas. Sólo el Grupo Clarín domina el 43% del mercado”.
  • En radio, su arquitectura tecnológica permite una convivencia entre emisoras, pero la concentración es también alta: los principales grupos (Clarín, Indalo y Prisa/Albavisión) concentran el 53 %.
  • Entre la actual situación de concentración y de crisis de la industria, con más de 3500 despidos y retiros voluntarios desde la asunción de Cambiemos en 2015, surge la experiencia de medios recuperados y cooperativos en la creación de contenidos a través de nuevas y creativas formas de organización.

El proyecto de Monitoreo sobre la Propiedad de los Medios (que utiliza la sigla MOM, por Media Ownership Monitor) analizó la situación de 14 canales y señales de televisión, 14 emisoras de radio, 10 diarios impresos y 14 sitios web de noticias. “Es imposible abordar la concentración de los medios y de los flujos informativos en Argentina sin detenerse en el Grupo Clarín”, apunta, y lo subraya como el principal beneficiario de la distribución de publicidad oficial por parte del Estado, además del principal beneficiario por la orientación política de comunicaciones de Cambiemos, que posibilitó –entre otras cosas- la fusión entre Cablevisión y Fintech (cable y telefonía celular) en medio de la desregulación de la Ley de Medios.

La investigación aporta también una línea de tiempo que permite entender una lectura histórica, social y económica del desarrollo de los medios y las audiencias en Argentina, además del contexto legal en el que se fueron desenvolviendo las políticas en materia de comunicación.

La falla del mercado

La presentación de los resultados del Proyecto MOM se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados. El director de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, abrió el seminario. “La libertad de información es imprescindible para la democracia”, apuntó. Si bien remarcó que  “la democracia no puede existir sin la existencia de medios independientes, sean públicos o privados”, destacó que, durante el último tiempo, hubo un “crecimiento exponencial” de nuevos medios que van desde iniciativas digitales hasta cooperativas, “vías interesantes” para que otras voces contribuyan al debate político.

La representante de la Fundación Ebert, Dorte Wollrad, subrayó que los medios son fundamentales en medio de la “crisis de la democracia y de la representación” de esta época.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo, Federico Amigo, destacó el camino sin patrón recorrido junto a sus compañerxs. “Estamos a pocos días de cumplir tres años. Estar acá tiene que ver con una valoración del camino recorrido por esta gestión llevada adelante por sus trabajadores. Hay un reconocimiento: no nos caímos del mapa. Tiempo es una cooperativa que está integrada por 90 socios, que son sus dueños. Hoy los medios autogestivos tenemos un rol clave”.

Luego, previo a la presentación de los resultados de la investigación, el director de MOM, Olaf Steenfadt, destacó que este es el decimonoveno informe que han producido en el mundo, con más de 100 mil visitas en la web.

“Lo que vemos es que existe una falla del mercado, en el que hoy en día los medios dejaron de ser un negocio rentable. Toda esta precariedad abre la puerta a malos actores, que se conjuga con la llegada de la revolución digital y la tecnología, que cambió el paradigma de nuestra profesión”.

Steenfadt recuerda que, en el esquema tradicional de los medios, la creación de contenido era la pieza clave que podría ampliar su difusión gracias a la tecnología. “Pero hoy vivimos en una era en la que el contenido parece estar al servicio de la tecnología, y no al revés”. En ese sentido, apuntó, el informe permite conocer los intereses económicos y políticos detrás de los medios de comunicación.

La búsqueda en la investigación puede segmentarse por grupo mediático, y también por propietario.

Durante la presentación, el equipo marcó el caso de la propiedad de América TV, porque tiene una compleja estructura societaria. El 40 por ciento pertenece a Claudio Belocopitt, dueño del 76 por ciento de Swiss Medical. “Pero el entramado del canal es una especie de mamuschka con sociedades que poseen otras sociedades que, a su vez, son dueñas de las otras. En ese esquema, es imposible saber las acciones de los otros propietarios, la familia Vila y José Luis Manzano”.

Esa situación revela la opacidad de muchas de las empresas de medios en Argentina. El investigador, docente y experto en concentración, Martín Becerra, fue otro de los que formó parte del equipo de investigación. “Obtuvimos información sobre el Grupo Clarín porque es una empresa que cotiza en bolsa, y entonces la información es pública, a diferencia de otros grupos que están más vedados”. Becerra contó que pidieron informes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tiene la obligación legal de exigir esa información a las empresas. “Nos contestaron que no tienen el registro”.

El equipo hizo hincapié en cómo el Estado fue desarmando el marco legal del Enacom a través de decretos desregulatorios: “Hoy es una entidad gubernamentalizada por decreto, que se contradice con todas las leyes regulatorias. Fue invitada a esta presentación. Esperamos que vengan”.

El patriarcado mediático

El informe también destina un apartado llamado La deuda con las mujeres, en el que analiza el impacto del movimiento feminista en la estructura de los medios. Más allá de destacar que hay un cambio en el lenguaje en cómo se presentan determinadas noticias fruto de la lucha en las calles, y otro tipo de presencia en los contenidos, al analizar la estructura de propiedad de los 52 medios pertenecientes a los 22 grupos, surgió que “no hay ninguna mujer que sea accionista mayoritaria o detente el control efectivo en las sociedades propietarias de los principales medios de comunicación del país”. Y en los máximos escalafones, los cargos son ejercidos por hombres en el 88,5 por ciento de los casos. De los 52 medios, sólo hay seis mujeres ocupando cargos de CEO y gerente de contenidos. Más datos:

  • El 71 por ciento de las trabajadoras de prensa dijo que tiene un jefe varón.
  • El 76 por ciento de los integrantes de la mesa directiva de sus medios son varones.
  • Sólo 27 por ciento de las notas informativas de radio, televisión y diarios son reportadas por mujeres.

El factor Macri

La investigación revela que la llegada de Cambiemos al poder en 2015 provocó cambios profundos en el panorama de medios argentinos. Los principales efectos pueden sintetizarse en estos puntos:

  • “El Grupo Clarín se fusionó con Telecom para generar uno de los tres grupos empresariales más grandes de la economía argentina y el más poderoso de la historia de las comunicaciones locales.
  • Más de 2700 trabajadores fueron despedidos o tomaron retiros voluntarios en Buenos Aires, según datos del Sindicato de Prensa de ese distrito;
  • El sistema de medios y producción de contenidos estatal perdió más de la mitad de las audiencias con las que contaba hasta 2015 y fue el sector mediático que más trabajadores despidió;
  • 45 periodistas fueron heridos en coberturas callejeras por la Policía y otros 13 resultaron heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad;
  • Durante 2016 y 2017 se discriminó a medios opositores en la distribución de publicidad oficial, aunque eso se revirtió en 2018 y los montos se redujeron, así como la discrecionalidad en su reparto”.

El futuro es presente

Otro de los “hallazgos” que presenta el informe es el presente de los medios autogestivos, “con una mirada de la comunicación como un derecho, independiente de los grandes poderes económicos y alejada de la batalla mainstream por los clicks y la mercancía de la información”. Allí se encuentran los medios recuperados por sus trabajadores. Entre 2016 y 2018 se crearon ocho, como Tiempo Argentino o Pulso,  lo que duplicó la cantidad existente hasta ese momento). “Es un espejo de otro hallazgo del informe, que es la crisis de los medios”, explicó el periodista Gerardo Aranguren. “Desde la asunción de Macri, cerraron alrededor de 30 empresas de medios. Eso significó alrededor de 3500 trabajadores de prensa entre despidos y retiros voluntarios. La contracara son los medios recuperados. Estos medios no reducen sus costos, sino todo lo contrario”.

El informe destaca la experiencia de las revistas culturales (131 censadas en el último informe de AReCIA –la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina- pero la cifra supera las 300), radios comunitarias (215 en funcionamiento) y emisoras de TV comunitarias (10 en todo el país). “Yo creo que es una alternativa real, un camino concreto de poder brindar a todos y a todas la posibilidad de tener el derecho de acceder a información fidedigna. Los medios autogestionados brindan esta posibilidad frente a un discurso único de las empresas de medios concentradas”, destaca en el informe Julio Delgado, presidente de la cooperativa que edita el diario El Independiente en La Rioja. “La lucha es despareja porque la diferencia de escala y recursos lo hace muy difícil. Nuestras inversiones son lentas y van detrás de los ritmos de las tecnologías porque priorizamos a los trabajadores”.

En este punto, la investigación precisa que la crisis actual del país impacta en los costos de producción de los medios, tal como reflejó AReCIA en su declaración de emergencia en 2018 (https://www.lavaca.org/notas/las-publicaciones-autogestivas-en-emergencia-una-declaracion-urgente-y-5-propuestas-para-equilibrar-la-balanza/).

En ese sentido, el trabajo retoma la palabra de Natalia Vinelli, directora de Barricada TV y titular de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas: “Una de las barreras que impide que el sector pueda desarrollarse es la concentración. De propiedad, de línea editorial, de mercado, de audiencia. Concentración que impide la diversidad de fuentes, pluralidad de voces, que circulen otras miradas de mundo. Es difícil pensar que medios chicos podamos ser un contrapeso, pero tenemos que pelear para ocupar ese espacio que no debería ser una pelea solo de los medios comunitarios sino de toda la sociedad.

Sobre el conglomerado que integra AReCIA el informe cita a Franco Ciancaglini, editor de la Revista Mu, quien destaca “el espíritu de la autogestión y la independencia de los sectores comerciales del poder” de esas publicaciones. Y otra diferencia, el rol de los trabajadores: “A estos medios comerciales tan grandes los veo muy camaleónicos, pero claramente el factor de ajuste son los trabajadores y ahí hay una diferencia abismal con los medios autogestivos, que parten de la voz de los trabajadores y de la construcción de cada una de esas personas que las integran”. Allí está la base de otra propuesta que plantea Vinelli en el informe: “El gran desafío es alcanzar audiencias masivas y poder poner en circulación otras miradas del mundo”.

Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

Fuente original: Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema y, en este caso, para conocer el  gran esfuerzo y trabajo periodístico de este medio creado para ofrecer otra visión de la mostrada por los grandes grupos multimedios y las agencias de noticias internacionales dominantes.

Publicado 26 febrero 2019

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos

Un armado con fines de persecución política se convirtió en un grupo de extorsionadores desbocados, que dejó sus huellas en mensajes de WhatsApp, videos y documentos. Una causa fulminante desnuda la asociación ilícita entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de medios hegemónicos.

La causa de las fotocopias de los cuadernos en Argentina, un dispositivo mediático-judicial que desde hace más de un año acusaba a ex funcionarios kirchneristas y empresarios, se dio vuelta de forma inesperada. Diseñado para el acoso político de opositores, el equipo devino en un grupo de tareas que incursionó en el crimen común: la extorsión de sus víctimas para cobrarles grandes cantidades de dinero.

Así, el lawfare se salió de cauce y la desmesura de su alcance generó una represalia inesperada. Una de las víctimas acumuló pruebas contra el operador de la extorsión, presentó la denuncia judicial y abandonó el país. Las cámaras ocultas, audios y capturas de Whatsapp son demoledoras. Un allanamiento a la casa del acusado halló más evidencias: decenas de carpetas con datos de inteligencia de potenciales víctimas de coacción, a los que se les exigiría dinero o declaraciones en la causa como arrepentidos.

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos. Ilustra, además, como un armado con fines de persecución política se puede convertir en un grupo de delincuentes comunes.

Arrepentidos y acusaciones sin pruebas: clave del lawfare

La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. El ex presidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias. Es también el caso del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass. Otras causas judiciales están sustentadas en simples acusaciones unilaterales, retroalimentadas por las usinas noticiosas, y con la venia del poder político, como los cargos contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, o las múltiples causas que la gobernación de Jujuy (Argentina) armó contra la luchadora social Milagro Sala.

En este contexto, en 2018 en Argentina explotó una megacausa judicial especialmente diseñada para su impacto mediático: los cuadernos del chofer Centeno. El relato sostenía que el chofer de un funcionario kirchnerista de segunda línea durante una década había anotado en 10 cuadernos los recorridos que hacía su jefe recogiendo sobornos de grandes empresas y entregando lo recaudado en distintos circuitos del poder político.

La causa fue débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Además, los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedaron unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario La Nación, que impulsaron la denuncia.

Era fácil conjeturar que se trataba de fotocopias de cuadernos apócrifos. Sin embargo, se procedió de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios. Con un gran show mediático, los acusados eran citados y quedaban instantáneamente detenidos. O eran liberados en pocas horas, si “colaboraban” y “confesaban”.

“El criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumían Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.

Todo el procedimiento era contrario a derecho. Judicialmente, el show no conducía a ninguna parte. Se generó un festival de arrepentidos y acusaciones cruzadas que no lograba establecer prueba material alguna sobre movimientos de fondos, pagos de coimas y otros ilícitos. La causa es un típico verosímil informativo: combina aspectos reales (la corrupción endémica y el pago de coimas de grandes empresas para obtener obras públicas) con pura literatura apócrifa y un proceso judicial orquestado para las cámaras.

Sin embargo, el aparato mediático intoxicó a los ciudadanos con la historia, y el caso conservaba cierta credibilidad. Para las audiencias desprevenidas el fiscal Stornelli aparecía como un adalid anticorrupción.

Marcelo D`Alessio, colaborador del fiscal Stornelli, detenido por extorsión

Todo se complicó cuando una de las presas escogidas, el empresario Pedro Echebest, le tendió cuidadosamente una trampa a Marcelo D`Alessio, públicamente presentado como director de la DEA y especialista en la lucha antinarcóticos. D`Alessio, invitado habitual a programas de TV y columnista del diario Clarin, persiguió durante semanas a Echebest con el argumento de que éste había sido incriminado en la causa de los cuadernos. En nombre del fiscal Stornelli, el falso abogado D`Alessio le pidió a Echebest una alta suma de dinero para dejarlo fuera de la causa.

Echebest fingió aceptar, entregó una parte del dinero y pidió tiempo. Durante semanas guardó evidencias del chantaje -audios, capturas de WhatsApp y filmaciones de los encuentros-, preparó cuidadosamente una denuncia bien documentada y salió del país para preservar su integridad.

Horacio Verbitsky, un periodista de larga trayectoria, fue el encargado de difundir el caso con pelos y señales en su blog “El Cohete a la Luna”: “Un director regional de la DEA y sobrino del Escribano de Macri pidió 500.000 dólares a un empresario para no detenerlo y dijo que era una práctica habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. En exclusiva, la filmación del primer pago, las fotos con Stornelli, las filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes grabados”, arranca el largo informe.

La denuncia de Echebest incluía el video donde se veía a D`Alessio recibiendo un primer pago de casi 15 mil dólares, en billetes cuya numeración se resguardó ante escribano público.

Video de la entrega: https://youtu.be/jqPquzwCApg

Los cuadernos de la extorsión: entre el lawfare y el latrocinio

Todo se precipitó. El allanamiento de la justicia al domicilio de D`Alessio halló abundante documentación probatoria de un trabajo de equipo entre operadores judiciales y agentes de inteligencia para estudiar a fondo las potenciales víctimas. Más de 20 expedientes concentraban datos familiares, estado patrimonial, debilidades y secretos personales que permitían vulnerar psicológicamente a los personajes “target”. La reconstrucción del modus operandi del grupo permite inferir que en algunos casos se pedía dinero para evitar la incriminación en la causa. En otros, se exigía la participación como “arrepentidos” o declarando en contra de enemigos políticos.

Una de las últimas operaciones en las que D`Alessio se jacta ante su jefe Stornelli se refiere a la conversión en arrepentido de Gonzalo Brusa Duvat, que trabajo en Pdvsa Argentina. Lo amenazaron con una causa judicial en el fuero penal económico, pero le dijeron que harían desaparecer ese expediente si aceptaba declarar como arrepentido ante Stornelli. Así lo hizo, y la inquisición mediática se encargó de amplificar el caso, salpicando de paso al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En otros casos, los fines eran meramente recaudatorios, como el denunciado por Víctor Palomino Zitta el 23 de febrero, quien asegura que D`Alessio le pidió medio millón de dólares para mejorar su situación en una causa de contrabando. D’Alessio presionó para que entreguen medio millón de dólares que “serían repartidos entre la fiscal del caso, el juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)”. Pero al mismo tiempo D’Alessio le exigió a Palomina Zitta que se convirtiera en arrepentido y declarara una serie de nombres. Así lo hizo, acusando a “gente que no conocía”, según reza la declaración ante el juzgado de Ramos Padilla. “Me sentía coaccionado ante el temor de quedar detenido y la presencia del periodista de tanto renombre”.

El concubinato de servicios de inteligencia, agentes judiciales y periodistas

D`Alessio fue detenido el 15 de febrero, y el 25 del mismo mes el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo procesó como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.

El magistrado demuestra en las 220 páginas de su resolución el vínculo estrecho entre el fiscal Carlos Stornelli y D’Alessio a través de numerosos mensajes y audios, una reunión de cuatro horas en Pinamar y escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos. Para Ramos Padilla, algunas de las operaciones de D`Alessio estaban en conocimiento de Stornelli, que se desvinculó de su colaborador pero cuya credibilidad se ve seriamente cuestionada.

El caso también salpica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -quien según D`Alessio le pagaba un sueldo de 200 mil pesos mensuales- y a otros numerosos personajes mencionados por el detenido. Entre ellos, dos ex comisarios detenidos ayer.

El punto clave de todo el procesamiento del juez Ramos Padilla es que considera que existe “una comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático”. El grupo de tareas en torno a la dupla Stornelli-Bonadío utiliza extorsiones, coacciones, carpetazos, causas falsas  abogados truchos para exigirle plata a ciudadanos, pero más que eso para armar y dirigir causas judiciales.

Aparece como aberrante la promiscuidad entre servicios de inteligencia y el aparato judicial, con D`Alessia como gestor de por medio. También la cohabitación de periodistas emblemáticos del sistema: Daniel Santoro del Grupo Clarín y Eduardo Feinmam de la TV aparecen como contactos habituales de operaciones coordinadas vía WhatsApp.

Ahora, la administración colonial de Mauricio Macri intenta alejar el juez Ramos Padilla de la causa, y hacerla caer en alguna dependencia judicial adicta. Stornelli es un colaborador de larga data del presidente, un verdadero soldado de la mesa chica del poder. Lo defenderán hasta las últimas consecuencias.

Fake news: El puente de Venezuela Aid Live | Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela | Página12

Fuente original: Fake news: El puente de Venezuela Aid Live | Otra m… | Página12

Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela
Fake news: El puente de Venezuela Aid Live
El puente Las Tienditas está cerrado porque Colombia nunca construyó las instalaciones aduaneras.

El puente Las Tienditas está cerrado porque Colombia nunca construyó las instalaciones aduaneras. Imagen: AFP

La imagen es impactante. Tan impactante que ocupó la portada de la mayoría de los grandes diarios internacionales. Muestra un inmenso puente de tres vías con dos conteiners y un acoplado cruzados que, obviamente, impiden el paso. El puente está desierto y los títulos que acompañan a la fotografía intentan explicar porqué: “El bloqueo fue dispuesto este 6 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la llegada de ayuda humanitaria a su país”. Así lo reprodujo Clarín y, palabra más o menos, así lo repitieron en todo el mundo después de que se conociera que en uno de los extremos del puente, llamado Las Tienditas, se levantaría el escenario del promocionado festival Venezuela Aid Live.

El único problema es que el 6 de febrero de 2019 no se bloqueó ningún puente. El puente está bloqueado desde el día en que terminó su construcción, a principios de 2016. En otras palabras, el puente nunca fue inaugurado y hace tres años que muestra la misma impactante imagen de la inmensidad desierta.

Los grandes medios internacionales amplificaron las mentiras sobre el puente Las Tienditas.

Los grandes medios internacionales amplificaron las mentiras sobre el puente Las Tienditas.

La historia de Las Tienditas puede resumirse en pocas líneas. Frente a una frontera colapsada por la intensidad del tránsito, acordaron su construcción los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, en alguno de los escasos momentos en que las relaciones entre los dos países no eran tan malas. Empezaron las obras en 2014 y veinte meses después estaban terminadas. O casi. Colombia nunca construyó las correspondientes instalaciones aduaneras porque ya estaba claro que el puente no se usaría. Las relaciones entre los dos países ya no eran tan buenas. Los colombianos aseguran que por decisión de Caracas. Los venezolanos aseguran que por decisión de Bogotá. Lo mismo ocurre con el financiamiento. Los colombianos sostienen que se pagó a medias. Los venezolanos sostienen que todo el dinero lo pusieron ellos. Lo que está fuera de discusión es que Colombia levantó una impresionante reja en la mitad del puente que impide desde hace mucho el paso. Si uno mira con cuidado las fotos que ahora se hicieron famosas, puede ver las rejas adelante de los conteiners.

La diferencia entre lo publicado y la realidad no es inocente. Presentar al Gobierno venezolano levantando muros en su frontera, para evitar que llegue “ayuda humanitaria” para sus ciudadanos, no contribuye a mejorar la imagen internacional de Nicolás Maduro, justo cuando es en el terreno internacional donde se juega la principal batalla por su continuidad en el cargo.

Algún desprevenido podría argumentar que en estos días, y sobre todo en los días de Donald Trump, los muros entre países no son mal vistos. Pero las noticias no están destinadas a Donald Trump. Están destinadas a convencer a los ciudadanos de todo el mundo, en especial a los estadunidenses y latinoamericanos, de que la ofensiva contra el gobierno venezolano no es por el petróleo o el coltán o el oro, ni para escarmentar a cualquiera que desafíe los mandatos de Washington, sino por “la ayuda humanitaria”.

La imagen del puente ya quedó instalada en la historia. El  Venezuela Aid Live se transmitió en cadena mundial. El promocionado objetivo del festival, financiado por el magnate británico Richard Branson y su socio colombiano Bruno Ocampo, es “conseguir ayuda humanitaria para repartir entre los necesitados venezolanos”.

Branson no oculta que la idea surgió a pedido de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente por decisión de la Casa Blanca, ni que casualmente el día siguiente al recital es el anunciado por Guaidó, bajo el estricto cronograma fijado por Trump, como el destinado a que entre en Venezuela la “ayuda humanitaria” enviada por Washington. Si es posible por las buenas y si no queda más remedio por las malas. Como el Gobierno venezolano ya anunció que no está autorizado el ingreso “por las buenas” todo indica que si la entrada se concreta será “por las malas”.

Resulta muy difícil imaginar un desemboque pacífico y humanitario para un festival convocado por “la paz” y “la ayuda sin banderías políticas”. Aunque así lo repitieron, sin ponerse colorados, cada uno de los músicos presentes.

Ni la empresa ni la cuenta | Desde Belice desmintieron una información publicada por Veja y Clarín | Página12

Fuente original: Ni la empresa ni la cuenta | Desde Belice desmintie… | Página12

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema y, en este caso, para conocer el enorme trabajo periodístico de este medio independiente argentino.

Si tiene intención de hacerse socio de Página 12, colaborando económicamente con el medio, desde la siguiente página, se pueden leer las opciones: https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/ (No tengo ninguna relación comercial, laboral o personal con Página 12, salvo de ser ávido lector desde hace décadas).

Las notas informaban sobre una cuenta en Delaware a nombre de una sociedad que pertenecía a Máximo Kirchner y a Nilda Garré por 41 millones de dólares. Belice desmintió que tuvieran registrada una sociedad de ese nombre.

La escandalosa operación montada por la revista Veja y el diario Clarín respecto de la existencia de una cuenta clandestina, en el exterior, de Máximo Kirchner y Nilda Garré terminó de derrumbarse ayer por completo. Ya Estados Unidos había negado que en el Felton Bank de Delaware existiera tal cuenta y, obviamente, menos aún con 41 millones de dólares. La revista brasileña y el diario argentino sostuvieron que el dinero estaba a nombre de una sociedad de Belice: Business and Services IBC (las siglas de Belice). Ayer, el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió un oficio originado en Belice señalando que tal empresa no existe en aquel país. Ni el periodista de Veja ni el de Clarín pidieron disculpas por la falsedad.

El texto que le llegó ayer al juez tiene la firma de Santiago González, titular del registro de sociedades de Belice, quien respondió a un escrito del Honorable Michel Peyrefitte, fiscal general de ese país. En concreto dice “conduje una búsqueda en nuestros archivos y he encontrado que la compañía Business and Services IBC no está incorporada en las normas de IBC (Belice)”. En otros términos significa que tal sociedad no existe ya que es obligatorio su registro. La declaración de Belice pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se envió al magistrado con la firma de Conrado Izura, director de Asistencia Jurídica Internacional.

La llamativa acusación de que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una cuenta con 41.700.000 dólares en Delaware pudo haberse desechado antes de escribir el primer renglón. Entrando a los datos públicos, que se obtienen por Internet, de la Reserva Federal de Estados Unidos –el Banco Central de aquel país–, se podía constatar que el Felton Bank de Delaware tenía depósitos totales de 70 millones, por lo que resultaba imposible que en una sola cuenta hubiera 41 millones. Es más, en algún momento los medios hablaron de que la cuenta llegó a tener 61 millones de dólares. Eso no lo tolera ningún banco central del mundo, porque el cliente se va y el banco se cae. En segundo lugar, los registros de la Reserva Federal exhibían que en el Felton Bank sólo había seis millones de dólares en depósitos de más de 250.000 dólares. Esa información siempre es consignada porque la cifra de 250.000 es la que garantiza la Reserva Federal. Si sólo había un total de seis millones en depósitos de más de 250.000 dólares, no podía haber ninguna cuenta con 41 millones. En su momento, después de la publicación de la falsedad, Nilda Garré, a través de su abogado, Alejandro Rúa le pidió al banco norteamericano que certificara la inexistencia de la cuenta. Para entonces, el Felton había sido absorbido por otro banco, el CNB. Las entidades bancarias son poco afectas a contestar estas cosas, pero finalmente hubo una carta del banco diciendo que no existía ninguna cuenta de Maximo y Garré.

Todo esto terminó certificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la firma de Aaron Gershbock tras dos años de silencio. La burda denuncia periodística fue en 2015, por supuesto en época de elecciones, y el desmentido de Estados Unidos llegó en 2017. “No hay registro de los números de cuentas ni de los nombres citados”, señaló el documento emitido desde Washington desmintiendo primero lo publicado por Veja y luego por Clarín.

Mucho antes, Irán también desmintió la información que consignaba que el dinero había llegado desde Teherán, algo que también desafiaba la lógica. La autoridad iraní señaló que el número de cuenta mencionado por los medios ni siquiera incluía los dígitos habituales de las cuentas en Irán. La versión indicaba igualmente que se usó una sociedad de Liechtenstein, pero tampoco en ese principado se encontró ningún registro que tuviera que ver con lo denunciado.

Finalmente, ayer el juez recibió también el desmentido de Belice, con lo que no quedó nada de nada de la denuncia. Sólo la evidencia de cómo se utilizan los medios y la justicia contra los llamados gobiernos “populistas”.

Ni la empresa ni la cuenta | Desde Belice desmintieron una información publicada por Veja y Clarín | Página12

Fuente original: Ni la empresa ni la cuenta | Desde Belice desmintie… | Página12

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema y, en este caso, para conocer el enorme trabajo periodístico de este medio independiente argentino.

Si tiene intención de hacerse socio de Página 12, colaborando económicamente con el medio, desde la siguiente página, se pueden leer las opciones: https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/ (No tengo ninguna relación comercial, laboral o personal con Página 12, salvo de ser ávido lector desde hace décadas).

Desde Belice desmintieron una información publicada por Veja y Clarín.
Las notas informaban sobre una cuenta en Delaware a nombre de una sociedad que pertenecía a Máximo Kirchner y a Nilda Garré por 41 millones de dólares. Belice desmintió que tuvieran registrada una sociedad de ese nombre.
Facsímil del oficio recibido por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Facsímil del oficio recibido por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. 

La escandalosa operación montada por la revista Veja y el diario Clarín respecto de la existencia de una cuenta clandestina, en el exterior, de Máximo Kirchner y Nilda Garré terminó de derrumbarse ayer por completo. Ya Estados Unidos había negado que en el Felton Bank de Delaware existiera tal cuenta y, obviamente, menos aún con 41 millones de dólares. La revista brasileña y el diario argentino sostuvieron que el dinero estaba a nombre de una sociedad de Belice: Business and Services IBC (las siglas de Belice). Ayer, el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió un oficio originado en Belice señalando que tal empresa no existe en aquel país. Ni el periodista de Veja ni el de Clarín pidieron disculpas por la falsedad.

El texto que le llegó ayer al juez tiene la firma de Santiago González, titular del registro de sociedades de Belice, quien respondió a un escrito del Honorable Michel Peyrefitte, fiscal general de ese país. En concreto dice “conduje una búsqueda en nuestros archivos y he encontrado que la compañía Business and Services IBC no está incorporada en las normas de IBC (Belice)”. En otros términos significa que tal sociedad no existe ya que es obligatorio su registro. La declaración de Belice pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se envió al magistrado con la firma de Conrado Izura, director de Asistencia Jurídica Internacional.

La llamativa acusación de que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una cuenta con 41.700.000 dólares en Delaware pudo haberse desechado antes de escribir el primer renglón. Entrando a los datos públicos, que se obtienen por Internet, de la Reserva Federal de Estados Unidos –el Banco Central de aquel país–, se podía constatar que el Felton Bank de Delaware tenía depósitos totales de 70 millones, por lo que resultaba imposible que en una sola cuenta hubiera 41 millones. Es más, en algún momento los medios hablaron de que la cuenta llegó a tener 61 millones de dólares. Eso no lo tolera ningún banco central del mundo, porque el cliente se va y el banco se cae. En segundo lugar, los registros de la Reserva Federal exhibían que en el Felton Bank sólo había seis millones de dólares en depósitos de más de 250.000 dólares. Esa información siempre es consignada porque la cifra de 250.000 es la que garantiza la Reserva Federal. Si sólo había un total de seis millones en depósitos de más de 250.000 dólares, no podía haber ninguna cuenta con 41 millones. En su momento, después de la publicación de la falsedad, Nilda Garré, a través de su abogado, Alejandro Rúa le pidió al banco norteamericano que certificara la inexistencia de la cuenta. Para entonces, el Felton había sido absorbido por otro banco, el CNB. Las entidades bancarias son poco afectas a contestar estas cosas, pero finalmente hubo una carta del banco diciendo que no existía ninguna cuenta de Maximo y Garré.

Todo esto terminó certificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con la firma de Aaron Gershbock tras dos años de silencio. La burda denuncia periodística fue en 2015, por supuesto en época de elecciones, y el desmentido de Estados Unidos llegó en 2017. “No hay registro de los números de cuentas ni de los nombres citados”, señaló el documento emitido desde Washington desmintiendo primero lo publicado por Veja y luego por Clarín.

Mucho antes, Irán también desmintió la información que consignaba que el dinero había llegado desde Teherán, algo que también desafiaba la lógica. La autoridad iraní señaló que el número de cuenta mencionado por los medios ni siquiera incluía los dígitos habituales de las cuentas en Irán. La versión indicaba igualmente que se usó una sociedad de Liechtenstein, pero tampoco en ese principado se encontró ningún registro que tuviera que ver con lo denunciado.

Finalmente, ayer el juez recibió también el desmentido de Belice, con lo que no quedó nada de nada de la denuncia. Sólo la evidencia de cómo se utilizan los medios y la justicia contra los llamados gobiernos “populistas”.

El Banco Mundial confiesa que manipuló datos de Chile para perjudicar a Bachelet

Son los informes sobre competitividad del país. La manipulación fue para favorecer al centroderechista Piñera en contra del oficialismo socialdemócrata.

El Banco Mundial confiesa que manipuló datos de Chile para perjudicar a Bachelet

Bachelet y Piñera, durante un desayuno. EFE

​El Banco Mundial reconoció que manipuló los datos de competitividad de Chile en una acción motivada política que perjudicó la imagen del gobierno socialdemócrata de Michelle Bachelet. El ejecutivo chileno calificó la noticia como “una inmoralidad pocas veces vista”.

En declaraciones a “The Wall Street Journal”, el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, pidió disculpas por el error y admitió las motivaciones políticas detrás de la falsificación de los datos para mostrar indicadores más bajos durante el segundo mandato de Bachelet. Ese juego pudo haber favorecido las posibilidades del presidente electo el centroderechista Sebastián Piñera que ganó el 17 de diciembre pasado de modo contundente el balotaje contra el postulante oficialista Alejandro Guillier. Romer reconoció que las cifras estuvieron “contaminadas” por las posiciones políticas del funcionariado de la institución.

Bachelet, a través de su cuenta de twitter, caracterizó como “muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional”. En tanto, en el comunicado oficial, el ministro chileno de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, insistió que se trata de “una inmoralidad pocas veces vista”. La manipulación habría sido hecha por el economista a cargo de la construcción del ranking, Augusto López-Claro, con el objeto “de hacer ver un deterioro económico durante el gobierno de Michelle Bachelet, con intenciones básicamente políticas”, añadió el funcionario.

Según The Wall Street Journal, Romer explicó que las irregularidades se concentraron en el ranking de competitividad empresarial, que es uno de los principales informes económicos del Banco Mundial, en el que se habría cambiado reiteradamente la metodología para tergiversar los datos. Romer aseguró que corregirá y recalculará los marcadores nacionales de este registro, lo que tendrá un impacto sobre todo en Chile, cuya clasificación ha sido “especialmente volátil” y estuvo “potencialmente contaminada por las motivaciones políticas de personal del Banco Mundial”. La clasificación de Chile ha fluctuado entre los lugares 25 y el 57 desde el año 2006 y durante el gobierno de Bachelet, el ranking de Chile se deterioró sistemáticamente, mientras que bajo el mandato de Piñera subía constantemente.

“Quiero disculparme personalmente con Chile y con cualquier otro país en el que transmitamos una impresión equivocada”, dijo Romer, quien admitió su responsabilidad en los problemas, “porque no aclaramos lo suficiente”. El ejecutivo añadió que el Banco Mundial está comenzando el proceso de corrección de los informes pasados, y republicando los que no fueron objeto de cambios en la metodología y subrayó que no podía defender “la integridad” del proceso que condujo a esos cambios en la metodología.

La revisión también podría mostrar cambios significativos en otros países, según el periódico, pero no se aclaró cuáles serían. En Santiago, el ministro Rodríguez Grossi consideró las declaraciones de Romer “muy francas y honradas”, pero revelan “un escándalo de proporciones”. Añadió que “esperamos que la corrección del índice sea rápida, pero el daño ya está hecho y es de esperar que nunca más vuelva a ocurrir que se manipulen estadísticas con objetivos políticos, y menos en un organismo como el Banco Mundial”, concluyó.

A través de El Banco Mundial confiesa que manipuló datos de Chile para perjudicar a Bachelet

A %d blogueros les gusta esto: