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La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en Chagos | Página12

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Los habitantes fueron arrancados de la isla y condenados al destierro
La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en Chagos

El caso de Diego García, la isla del archipiélago de Chagos de la cual Naciones Unidas le ordenó retirarse a Gran Bretaña , guarda llamativas similitudes con las islas Malvinas. Sus habitantes fueron arrancados de allí sin que nadie tuviera en cuenta su opinión y fueron condenados al destierro.

Diego García es un atolón (una isla de coral en forma de anillo) de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Oceáno Indico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de Africa.

La isla fue descubierta por un marinero andaluz que la descubrió en el siglo XVI y le puso su nombre. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. Gran Bretaña la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia.

En 1966 los británicos acordaron alquilarle la isla a Estados Unidos por 50 años, hasta 2016, para que instale una base militar en plena Guerra Fría. Pero luego del 11-S la CIA aprovechó su ubicación estratégica para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror.

A los dos mil habitantes de Diego García (los “chagosianos”, ya que viven en Chagos) los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a villas miseria de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casillas de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde.

Cuentan que muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”.

En 1998, los chagosianos y sus descendientes resolvieron acudir a la Justicia. Para todos los especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional. Dos años después, en efecto, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los habitantes debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones. Los sucesivos gobiernos británicos ignoraron la sentencia y el Foreign Office continuó apelando hasta que, en 2008, la Cámara de los Lores –última instancia del particular sistema legal inglés– falló a favor del gobierno por un ajustado tres a dos. El argumento esgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido. Estados Unidos ya había advertido que la vuelta de los habitantes significaría un “riesgo inaceptable” para su base.

Obstinados en recuperar su paraíso, los isleños acudieron a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, en 2010, el gobierno inglés sacó un increíble argumento de la manga. El canciller David Miliband anunció que crearía la mayor reserva natural oceánica del mundo alrededor del archipiélago, que componen unas 55 minúsculas islas, en función de las 220 especies de corales y las más de mil de peces que se encuentran en sus aguas. Para preservar el área virgen, obviamente, resultaba imprescindible que no esté habitada por los depredadores agricultores chagosianos. Al parecer, los peces no tenían problemas con las naves norteamericanas que salían a bombardear Afganistán o Irak. Tampoco con los militares que viven allí, ni los empleados civiles. Tan triste todo, que un cable difundido por Wikileaks reveló el obvio trasfondo de la maniobra.

La novelista Philippa Gregory describió el caso de Diego García en un artículo de junio pasado en The Times titulado elocuentemente “Las Falklands secretas que siguen en conflicto”. “He leído los papeles del Foreign Office desde 1960 intentando entender la historia de Chagos: es una lacrimógena experiencia sobre el engaño y la arrogancia”, escribió.

Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

Fuente original: Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

 

El Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina es una investigación que revela la composición accionaria y los negocios de diversos grupos mediáticos. La investigación, realizada por el diario cooperativo Tiempo junto a Reporteros Sin Fronteras, describe los efectos de la concentración mediática: el rol del Grupo Clarín, el principal ganador durante el macrismo, la opacidad de los dueños de los medios, la destrucción provocada durante los últimos 3 años. Y el significado del periodismo autogestivo y cooperativo.

“El mapa de los medios de comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibuja altos niveles de concentración, si se toma como referencia la participación de las cuatro principales empresas en cada una de las industrias. El nivel de concentración es mucho mayor si se considera que varios de los grupos mediáticos líderes en una de las ramas (prensa online, por ejemplo) son también dominantes en el resto (tv, radio, prensa gráfica). La concentración en la Argentina es además geográfica, puesto que las principales usinas de información y entretenimiento están localizadas en la zona metropolitana de Buenos Aires”.

Esa una de las conclusiones del Primer Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina, un proyecto de investigación desarrollado por el diario cooperativo Tiempo Argentino y Reporteros sin Fronteras, con apoyo de la Fundación Ebert Stiftung.

El informe, resultado de un trabajo de cinco meses (http://argentina.mom-rsf.org/es/), relevó 22 grupos de comunicación. Se detalla la composición accionaria de los medios, sus negocios paralelos y quiénes son sus dueños, además de una serie de datos respecto a la industria periodística que pueden sintetizarse en imágenes bien concretas:

  • El trabajo señala que es “imposible recrear” cómo es el mercado nacional de audiencias audioviduales, debido a que las mediciones de radio y TV están concentradas en una sola empresa, Kantar Ibope Media, cuyos datos “sólo son accesibles a través de lo que las empresas de radio y televisión, muchas veces a través de otros medios pertenecientes al mismo grupo, informan”.
  • Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), datos de 2017, los cuatro principales grupos televisivos concentran el 56,7 por ciento de audiencia, según se supone. Otro dato monopólico y centralista: “Clarín concentra el 22,6 de las audiencias, pero el 60 por ciento de los contenidos de canales locales de grandes urbes son contenidos repetidos que se distribuyen desde Buenos Aires”.
  • La prensa gráfica perdió “influencia directa por la disminución dramática” de la venta de ejemplares diarios, pero sigue marcando agenda. “La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la TV: los cuatro grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran el 74,18% de las ventas. Sólo el Grupo Clarín domina el 43% del mercado”.
  • En radio, su arquitectura tecnológica permite una convivencia entre emisoras, pero la concentración es también alta: los principales grupos (Clarín, Indalo y Prisa/Albavisión) concentran el 53 %.
  • Entre la actual situación de concentración y de crisis de la industria, con más de 3500 despidos y retiros voluntarios desde la asunción de Cambiemos en 2015, surge la experiencia de medios recuperados y cooperativos en la creación de contenidos a través de nuevas y creativas formas de organización.

El proyecto de Monitoreo sobre la Propiedad de los Medios (que utiliza la sigla MOM, por Media Ownership Monitor) analizó la situación de 14 canales y señales de televisión, 14 emisoras de radio, 10 diarios impresos y 14 sitios web de noticias. “Es imposible abordar la concentración de los medios y de los flujos informativos en Argentina sin detenerse en el Grupo Clarín”, apunta, y lo subraya como el principal beneficiario de la distribución de publicidad oficial por parte del Estado, además del principal beneficiario por la orientación política de comunicaciones de Cambiemos, que posibilitó –entre otras cosas- la fusión entre Cablevisión y Fintech (cable y telefonía celular) en medio de la desregulación de la Ley de Medios.

La investigación aporta también una línea de tiempo que permite entender una lectura histórica, social y económica del desarrollo de los medios y las audiencias en Argentina, además del contexto legal en el que se fueron desenvolviendo las políticas en materia de comunicación.

La falla del mercado

La presentación de los resultados del Proyecto MOM se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados. El director de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, abrió el seminario. “La libertad de información es imprescindible para la democracia”, apuntó. Si bien remarcó que  “la democracia no puede existir sin la existencia de medios independientes, sean públicos o privados”, destacó que, durante el último tiempo, hubo un “crecimiento exponencial” de nuevos medios que van desde iniciativas digitales hasta cooperativas, “vías interesantes” para que otras voces contribuyan al debate político.

La representante de la Fundación Ebert, Dorte Wollrad, subrayó que los medios son fundamentales en medio de la “crisis de la democracia y de la representación” de esta época.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo, Federico Amigo, destacó el camino sin patrón recorrido junto a sus compañerxs. “Estamos a pocos días de cumplir tres años. Estar acá tiene que ver con una valoración del camino recorrido por esta gestión llevada adelante por sus trabajadores. Hay un reconocimiento: no nos caímos del mapa. Tiempo es una cooperativa que está integrada por 90 socios, que son sus dueños. Hoy los medios autogestivos tenemos un rol clave”.

Luego, previo a la presentación de los resultados de la investigación, el director de MOM, Olaf Steenfadt, destacó que este es el decimonoveno informe que han producido en el mundo, con más de 100 mil visitas en la web.

“Lo que vemos es que existe una falla del mercado, en el que hoy en día los medios dejaron de ser un negocio rentable. Toda esta precariedad abre la puerta a malos actores, que se conjuga con la llegada de la revolución digital y la tecnología, que cambió el paradigma de nuestra profesión”.

Steenfadt recuerda que, en el esquema tradicional de los medios, la creación de contenido era la pieza clave que podría ampliar su difusión gracias a la tecnología. “Pero hoy vivimos en una era en la que el contenido parece estar al servicio de la tecnología, y no al revés”. En ese sentido, apuntó, el informe permite conocer los intereses económicos y políticos detrás de los medios de comunicación.

La búsqueda en la investigación puede segmentarse por grupo mediático, y también por propietario.

Durante la presentación, el equipo marcó el caso de la propiedad de América TV, porque tiene una compleja estructura societaria. El 40 por ciento pertenece a Claudio Belocopitt, dueño del 76 por ciento de Swiss Medical. “Pero el entramado del canal es una especie de mamuschka con sociedades que poseen otras sociedades que, a su vez, son dueñas de las otras. En ese esquema, es imposible saber las acciones de los otros propietarios, la familia Vila y José Luis Manzano”.

Esa situación revela la opacidad de muchas de las empresas de medios en Argentina. El investigador, docente y experto en concentración, Martín Becerra, fue otro de los que formó parte del equipo de investigación. “Obtuvimos información sobre el Grupo Clarín porque es una empresa que cotiza en bolsa, y entonces la información es pública, a diferencia de otros grupos que están más vedados”. Becerra contó que pidieron informes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tiene la obligación legal de exigir esa información a las empresas. “Nos contestaron que no tienen el registro”.

El equipo hizo hincapié en cómo el Estado fue desarmando el marco legal del Enacom a través de decretos desregulatorios: “Hoy es una entidad gubernamentalizada por decreto, que se contradice con todas las leyes regulatorias. Fue invitada a esta presentación. Esperamos que vengan”.

El patriarcado mediático

El informe también destina un apartado llamado La deuda con las mujeres, en el que analiza el impacto del movimiento feminista en la estructura de los medios. Más allá de destacar que hay un cambio en el lenguaje en cómo se presentan determinadas noticias fruto de la lucha en las calles, y otro tipo de presencia en los contenidos, al analizar la estructura de propiedad de los 52 medios pertenecientes a los 22 grupos, surgió que “no hay ninguna mujer que sea accionista mayoritaria o detente el control efectivo en las sociedades propietarias de los principales medios de comunicación del país”. Y en los máximos escalafones, los cargos son ejercidos por hombres en el 88,5 por ciento de los casos. De los 52 medios, sólo hay seis mujeres ocupando cargos de CEO y gerente de contenidos. Más datos:

  • El 71 por ciento de las trabajadoras de prensa dijo que tiene un jefe varón.
  • El 76 por ciento de los integrantes de la mesa directiva de sus medios son varones.
  • Sólo 27 por ciento de las notas informativas de radio, televisión y diarios son reportadas por mujeres.

El factor Macri

La investigación revela que la llegada de Cambiemos al poder en 2015 provocó cambios profundos en el panorama de medios argentinos. Los principales efectos pueden sintetizarse en estos puntos:

  • “El Grupo Clarín se fusionó con Telecom para generar uno de los tres grupos empresariales más grandes de la economía argentina y el más poderoso de la historia de las comunicaciones locales.
  • Más de 2700 trabajadores fueron despedidos o tomaron retiros voluntarios en Buenos Aires, según datos del Sindicato de Prensa de ese distrito;
  • El sistema de medios y producción de contenidos estatal perdió más de la mitad de las audiencias con las que contaba hasta 2015 y fue el sector mediático que más trabajadores despidió;
  • 45 periodistas fueron heridos en coberturas callejeras por la Policía y otros 13 resultaron heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad;
  • Durante 2016 y 2017 se discriminó a medios opositores en la distribución de publicidad oficial, aunque eso se revirtió en 2018 y los montos se redujeron, así como la discrecionalidad en su reparto”.

El futuro es presente

Otro de los “hallazgos” que presenta el informe es el presente de los medios autogestivos, “con una mirada de la comunicación como un derecho, independiente de los grandes poderes económicos y alejada de la batalla mainstream por los clicks y la mercancía de la información”. Allí se encuentran los medios recuperados por sus trabajadores. Entre 2016 y 2018 se crearon ocho, como Tiempo Argentino o Pulso,  lo que duplicó la cantidad existente hasta ese momento). “Es un espejo de otro hallazgo del informe, que es la crisis de los medios”, explicó el periodista Gerardo Aranguren. “Desde la asunción de Macri, cerraron alrededor de 30 empresas de medios. Eso significó alrededor de 3500 trabajadores de prensa entre despidos y retiros voluntarios. La contracara son los medios recuperados. Estos medios no reducen sus costos, sino todo lo contrario”.

El informe destaca la experiencia de las revistas culturales (131 censadas en el último informe de AReCIA –la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina- pero la cifra supera las 300), radios comunitarias (215 en funcionamiento) y emisoras de TV comunitarias (10 en todo el país). “Yo creo que es una alternativa real, un camino concreto de poder brindar a todos y a todas la posibilidad de tener el derecho de acceder a información fidedigna. Los medios autogestionados brindan esta posibilidad frente a un discurso único de las empresas de medios concentradas”, destaca en el informe Julio Delgado, presidente de la cooperativa que edita el diario El Independiente en La Rioja. “La lucha es despareja porque la diferencia de escala y recursos lo hace muy difícil. Nuestras inversiones son lentas y van detrás de los ritmos de las tecnologías porque priorizamos a los trabajadores”.

En este punto, la investigación precisa que la crisis actual del país impacta en los costos de producción de los medios, tal como reflejó AReCIA en su declaración de emergencia en 2018 (https://www.lavaca.org/notas/las-publicaciones-autogestivas-en-emergencia-una-declaracion-urgente-y-5-propuestas-para-equilibrar-la-balanza/).

En ese sentido, el trabajo retoma la palabra de Natalia Vinelli, directora de Barricada TV y titular de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas: “Una de las barreras que impide que el sector pueda desarrollarse es la concentración. De propiedad, de línea editorial, de mercado, de audiencia. Concentración que impide la diversidad de fuentes, pluralidad de voces, que circulen otras miradas de mundo. Es difícil pensar que medios chicos podamos ser un contrapeso, pero tenemos que pelear para ocupar ese espacio que no debería ser una pelea solo de los medios comunitarios sino de toda la sociedad.

Sobre el conglomerado que integra AReCIA el informe cita a Franco Ciancaglini, editor de la Revista Mu, quien destaca “el espíritu de la autogestión y la independencia de los sectores comerciales del poder” de esas publicaciones. Y otra diferencia, el rol de los trabajadores: “A estos medios comerciales tan grandes los veo muy camaleónicos, pero claramente el factor de ajuste son los trabajadores y ahí hay una diferencia abismal con los medios autogestivos, que parten de la voz de los trabajadores y de la construcción de cada una de esas personas que las integran”. Allí está la base de otra propuesta que plantea Vinelli en el informe: “El gran desafío es alcanzar audiencias masivas y poder poner en circulación otras miradas del mundo”.

La caza de brujas de los antivacunas | La Ciencia y sus Demonios

Fuente original: La caza de brujas de los antivacunas | La Ciencia y sus Demonios

21 marzo, 2019

Los adeptos a la secta antivacunas pontifican sobre democracia y libertad de elección e información, aunque sin embargo en EEUU se están volviendo cada vez más agresivos y dictatoriales.

Hace unos días el periódico estadounidense “Los Angeles Times” se hacía eco de un comportamiento cada vez más habitual en las redes sociales consistente en atacar, insultar y hasta perseguir a cualquier médico que haya tenido la osadía de hacer algún comentario a favor de una de las más poderosas herramientas desarrolladas por la moderna medicina científica: las vacunas.

Así en el artículo se expone el caso de la Dra. Dana Corriel, una médico que en septiembre del año pasado informó en su cuenta de Facebook que ya estaba disponible la vacuna contra la gripe y animó a los ciudadanos a que se vacunaran. En pocas horas, su cuenta se llenó con miles de comentarios del variopinto colectivo antivacunas. Al principio, la inocente doctora decidió permitir que los comentarios se siguieran publicando en su perfil, con la esperanza de que al presentar ella datos científicos eso sirviera para educar, aunque fuera mínimamente, a estos prepotentes ignorantes sobre la importancia tanto individual como colectiva de las inmunizaciones.

Sin embargo, sus racionales argumentos no sólo no sirvieron de nada, sino que comenzó a recibir insultos del tipo “puta de las vacunas” y “asesina de niños”, además de múltiples descalificaciones sobre su profesionalidad de personas que, aunque nunca había tratado en su consulta puesto que la mayoría de ellos eran de otras ciudades distintas a su lugar de trabajo o incluso de estados muy alejados de su residencia, la calificaba de inútil, inepta o de corrupta vendida a las siempre malvadas multinaciones farmaceúticas, cuando en realidad el verdadero negocio de estas corporaciones sería el de dejar de vacunar para que así ellas pudieran vender toda la panoplia de medicamentos necesarios para mantener con vida a los millones de infectados que la ausencia de estas más que eficaces vacunas dejarían entre la desprotegida población.

Además, uno de estos ignorantes encontró la dirección de su consulta y le envió un libro antivacunas. Finalmente, visto el nivel de agresividad y de cercanía, la médico se sintió amenazada y acabó borrando su más que pertinente comentario inicial para poder intentar recobrar un poco de tranquilidad tanto personal como profesional.

Y este tipo de campañas se están volviendo más habituales y están cada vez más coordinadas en EEUU, en donde los grupos de antivacunas en las redes sociales cuentan con decenas de miles de combativos (y cada vez más agresivos) “expertos” autodidactas en inmunología o virología que, por supuesto, no sólo no tienen titulación alguna, sino que la mayoría de las veces no saben qué es un virus o cómo actúa un linfocito T.

Aunque eso sí, estos analfabetos del siglo XXI se permiten el indecente y más que peligroso lujo de cuestionar unos tratamientos que cada año salvan la vida de millones de personas en todo el mundo y que si se dejaran de administrar nos retrotraerían a esos no tan lejanos tiempos en donde los humanos éramos pasto de las más diversas pandemias.

¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela? – New York Times

CÚCUTA, Colombia – Era una narrativa que cuajaba bien con las críticas por autoritarismo contra el gobierno venezolano: las fuerzas de seguridad, bajo órdenes del presidente Nicolás Maduro, prendieron fuego a un convoy de ayuda humanitaria mientras millones de personas en su país padecen enfermedades y hambruna.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, escribió que el “tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban comida y medicinas”. El Departamento de Estado estadounidense publicó un video en el que se afirmaba que Maduro ordenó la quema de los camiones. La oposición venezolana se refirió a las imágenes de la ayuda en llamas, reproducidas por medios y televisoras en toda América Latina, como evidencia de la crueldad de Maduro.

Pero hay un problema: parece que fue la misma oposición —y no los hombres de Maduro— quien accidentalmente prendió fuego al camión.

Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esta sugiere que un cóctel molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno es el causante más probable del incendio.

En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar.

Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión.

Unos segundos después la grabación muestra a ese camión en llamas.

El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara.

El gobierno venezolano fue ampliamente condenado después del incendio de la ayuda en febrero.

Más de tres millones de personas han huido de Venezuela por la crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de Maduro y su gobierno. Los opositores políticos que siguen en el país han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad; varios fueron arrestados, torturados o forzados a exiliarse. Muchos manifestantes han sido asesinados durante las protestas y muchos más han resultado heridos.

Varios de los críticos de Maduro lo acusan de haber ordenado la quema de los medicamentos en el enfrentamiento fronterizo a pesar de que muchos venezolanos han muerto en los hospitales por la escasez de equipo y medicinas.

Sin embargo, la afirmación de que los camiones llevaban medicinas tampoco parece tener fundamento, según videos y entrevistas.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental.

Aun así, persiste la acusación de que Maduro quemó medicinas.

“Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria en Venezuela; contrata a criminales para quemar comida y medicamentos destinados para el pueblo venezolano”, escribió John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en un tuit publicado el 2 de marzo.

Después de ser contactados por el Times acerca de estas afirmaciones, funcionarios estadounidenses emitieron un comunicado más cauto sobre cómo habría iniciado el incendio.

“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado. No especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas.

Funcionarios estadounidenses también hicieron notar que, sin importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro porque bloqueó el paso de la ayuda humanitaria, castigando a los venezolanos necesitados.

“Maduro es responsable, por crear las condiciones de violencia”, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles de voluntarios valientes buscaban resguardar y entregar la ayuda a familias venezolanas”.

El intento de ingresar la ayuda generó una confrontación que no se había visto en la frontera entre Colombia y Venezuela en años.

El 23 de febrero, la oposición venezolana planeaba atravesar un bloqueo militar impuesto por Maduro con la expectativa de que las fuerzas de seguridad del gobierno rompieran con él en vez de ser señaladas por no dejar pasar una ayuda tan necesitada. Los opositores argumentaron que entonces habría una cascada de deserciones militares que dejaría sin apoyo al gobierno.

En vez de eso, las fuerzas de seguridad de Maduro y pandillas vinculadas al gobierno atacaron a los manifestantes, que llegaron armados con piedras y bombas molotov. Uno de los camiones resultó quemado en el enfrentamiento, y eso encendió una amarga confrontación sobre quién había sido responsable.

El gobierno de Maduro también ha hecho afirmaciones sin fundamentos, como la permanente insistencia de que no hay escasez de alimentos en Venezuela.

Además, ha reclamado que el envío de la ayuda en realidad tenía suministros caducos o armas estadounidenses.

Pero una de las afirmaciones que sí sería confirmada por evidencia es la de que fueron los manifestantes quienes empezaron el incendio.

“Trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo” había quemado los vehículos de carga “que traían comida podrida”, dijo Maduro el 27 de febrero. Pero “fueron ellos mismos, los delincuentes que [Iván Duque] pagó”, aseguró ante una multitud, en referencia al presidente colombiano.

El día del incendio el gobierno de Colombia estuvo entre quienes promovieron la teoría de que Maduro era responsable de ordenar el incendio. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó una fotografía de lo que llamó “uno de los camiones incinerados por los colectivos por orden de Maduro”.

Después de la destrucción del vehículo el gobierno colombiano envió capturas de la videovigilancia en el puente fronterizo a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, de acuerdo con oficiales y reporteros que los recibieron.

El video fue editado para que mostrara a círculos de gente alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas que lanzaban gas lacrimógeno, que estallan al hacer impacto, hacia el convoy. Otras imágenes muestran al camión estallar en llamas con la implicación de que los funcionarios venezolanos fueron responsables.

Pero a esas tomas distribuidas por el gobierno colombiano les falta un periodo de trece minutos antes de que iniciara el incendio. Los oficiales de la oficina de Duque no publicaron el video completo después de varias solicitudes del Times.

Los manifestantes que lanzaron cocteles molotov desde el puente insistieron en que las fuerzas de Maduro y no sus bombas caseras iniciaron el fuego.

Junior José Quevedo, de 23 años, dijo que había llegado a las siete de la mañana de ese sábado y que intentó convencer a los policías de que dejaran pasar la ayuda. “Pero después llegó otro grupo armado, que eran colectivos”, en referencia a las pandillas aliadas al gobierno.

Adalberto Rondón, otro manifestante que lanzó bombas en el puente ese día, dijo que fue la Guardia Nacional Bolivariana la que empezó el incendio.

Su relato fue retomado ese día por funcionarios estadounidenses.

“Cada uno de los camiones incendiados por Maduro llevaba veinte toneladas de comida y medicinas”, escribió en Twitter el senador republicano por Florida Marco Rubio, al repetir una afirmación de una televisora colombiana que estaba en el puente. “Esto es un crimen y si la ley internacional significa algo entonces él debe pagar un alto precio por esto”.

Cuando el Times buscó a su oficina para conseguir declaraciones, un vocero de Rubio no hizo mención de responsabilidades por el incendio del camión e indicó en un comunicado que “Maduro tiene la responsabilidad plena por la destrucción de la ayuda humanitaria”.

Juan Guaidó, el líder de la oposición, mantiene que la ayuda tenía medicinas y que también fue quemada por Maduro.

Un portavoz de Guaidó, tras ser contactado por el Times el 7 de marzo sobre la información posiblemente contradictoria respecto del contenido del camión, dijo que “no tenía información precisa” y refirió las preguntas a la parlamentaria Gaby Arellano, encargada de la distribución de ayuda.

Arellano no pudo ser contactada esta semana, pero cuando fue entrevistada por el Times en el puente poco después del incendio del camión, el 23 de febrero, dijo que no llevaba medicamentos.

“Había tapabocas, jeringas, guantes, eso que usan en los quirófanos”, declaró entonces.

Arellano también dijo que las fuerzas de seguridad de Maduro habían quemado el envío y que sus fuerzas lanzaron latas de gas lacrimógeno que estallaron contra el vehículo.

“La bomba lacrimógena, sabes que hay una bomba cuando cae, echa candela”, indicó la parlamentaria. “Como eran cajas [en el camión] a lo que le cayó la primera, se prendió completo”.

Cuando el Times le preguntó si pensaba que había sido a propósito, comentó: “No tiene otra lógica, ¿no? Está el mundo, los medios estaban ahí en vivo. Hay videos para ver de todo”.

Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

Fuente original: Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

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Publicado 26 febrero 2019

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos

Un armado con fines de persecución política se convirtió en un grupo de extorsionadores desbocados, que dejó sus huellas en mensajes de WhatsApp, videos y documentos. Una causa fulminante desnuda la asociación ilícita entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de medios hegemónicos.

La causa de las fotocopias de los cuadernos en Argentina, un dispositivo mediático-judicial que desde hace más de un año acusaba a ex funcionarios kirchneristas y empresarios, se dio vuelta de forma inesperada. Diseñado para el acoso político de opositores, el equipo devino en un grupo de tareas que incursionó en el crimen común: la extorsión de sus víctimas para cobrarles grandes cantidades de dinero.

Así, el lawfare se salió de cauce y la desmesura de su alcance generó una represalia inesperada. Una de las víctimas acumuló pruebas contra el operador de la extorsión, presentó la denuncia judicial y abandonó el país. Las cámaras ocultas, audios y capturas de Whatsapp son demoledoras. Un allanamiento a la casa del acusado halló más evidencias: decenas de carpetas con datos de inteligencia de potenciales víctimas de coacción, a los que se les exigiría dinero o declaraciones en la causa como arrepentidos.

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos. Ilustra, además, como un armado con fines de persecución política se puede convertir en un grupo de delincuentes comunes.

Arrepentidos y acusaciones sin pruebas: clave del lawfare

La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. El ex presidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias. Es también el caso del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass. Otras causas judiciales están sustentadas en simples acusaciones unilaterales, retroalimentadas por las usinas noticiosas, y con la venia del poder político, como los cargos contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, o las múltiples causas que la gobernación de Jujuy (Argentina) armó contra la luchadora social Milagro Sala.

En este contexto, en 2018 en Argentina explotó una megacausa judicial especialmente diseñada para su impacto mediático: los cuadernos del chofer Centeno. El relato sostenía que el chofer de un funcionario kirchnerista de segunda línea durante una década había anotado en 10 cuadernos los recorridos que hacía su jefe recogiendo sobornos de grandes empresas y entregando lo recaudado en distintos circuitos del poder político.

La causa fue débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Además, los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedaron unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario La Nación, que impulsaron la denuncia.

Era fácil conjeturar que se trataba de fotocopias de cuadernos apócrifos. Sin embargo, se procedió de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios. Con un gran show mediático, los acusados eran citados y quedaban instantáneamente detenidos. O eran liberados en pocas horas, si “colaboraban” y “confesaban”.

“El criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumían Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.

Todo el procedimiento era contrario a derecho. Judicialmente, el show no conducía a ninguna parte. Se generó un festival de arrepentidos y acusaciones cruzadas que no lograba establecer prueba material alguna sobre movimientos de fondos, pagos de coimas y otros ilícitos. La causa es un típico verosímil informativo: combina aspectos reales (la corrupción endémica y el pago de coimas de grandes empresas para obtener obras públicas) con pura literatura apócrifa y un proceso judicial orquestado para las cámaras.

Sin embargo, el aparato mediático intoxicó a los ciudadanos con la historia, y el caso conservaba cierta credibilidad. Para las audiencias desprevenidas el fiscal Stornelli aparecía como un adalid anticorrupción.

Marcelo D`Alessio, colaborador del fiscal Stornelli, detenido por extorsión

Todo se complicó cuando una de las presas escogidas, el empresario Pedro Echebest, le tendió cuidadosamente una trampa a Marcelo D`Alessio, públicamente presentado como director de la DEA y especialista en la lucha antinarcóticos. D`Alessio, invitado habitual a programas de TV y columnista del diario Clarin, persiguió durante semanas a Echebest con el argumento de que éste había sido incriminado en la causa de los cuadernos. En nombre del fiscal Stornelli, el falso abogado D`Alessio le pidió a Echebest una alta suma de dinero para dejarlo fuera de la causa.

Echebest fingió aceptar, entregó una parte del dinero y pidió tiempo. Durante semanas guardó evidencias del chantaje -audios, capturas de WhatsApp y filmaciones de los encuentros-, preparó cuidadosamente una denuncia bien documentada y salió del país para preservar su integridad.

Horacio Verbitsky, un periodista de larga trayectoria, fue el encargado de difundir el caso con pelos y señales en su blog “El Cohete a la Luna”: “Un director regional de la DEA y sobrino del Escribano de Macri pidió 500.000 dólares a un empresario para no detenerlo y dijo que era una práctica habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. En exclusiva, la filmación del primer pago, las fotos con Stornelli, las filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes grabados”, arranca el largo informe.

La denuncia de Echebest incluía el video donde se veía a D`Alessio recibiendo un primer pago de casi 15 mil dólares, en billetes cuya numeración se resguardó ante escribano público.

Video de la entrega: https://youtu.be/jqPquzwCApg

Los cuadernos de la extorsión: entre el lawfare y el latrocinio

Todo se precipitó. El allanamiento de la justicia al domicilio de D`Alessio halló abundante documentación probatoria de un trabajo de equipo entre operadores judiciales y agentes de inteligencia para estudiar a fondo las potenciales víctimas. Más de 20 expedientes concentraban datos familiares, estado patrimonial, debilidades y secretos personales que permitían vulnerar psicológicamente a los personajes “target”. La reconstrucción del modus operandi del grupo permite inferir que en algunos casos se pedía dinero para evitar la incriminación en la causa. En otros, se exigía la participación como “arrepentidos” o declarando en contra de enemigos políticos.

Una de las últimas operaciones en las que D`Alessio se jacta ante su jefe Stornelli se refiere a la conversión en arrepentido de Gonzalo Brusa Duvat, que trabajo en Pdvsa Argentina. Lo amenazaron con una causa judicial en el fuero penal económico, pero le dijeron que harían desaparecer ese expediente si aceptaba declarar como arrepentido ante Stornelli. Así lo hizo, y la inquisición mediática se encargó de amplificar el caso, salpicando de paso al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En otros casos, los fines eran meramente recaudatorios, como el denunciado por Víctor Palomino Zitta el 23 de febrero, quien asegura que D`Alessio le pidió medio millón de dólares para mejorar su situación en una causa de contrabando. D’Alessio presionó para que entreguen medio millón de dólares que “serían repartidos entre la fiscal del caso, el juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)”. Pero al mismo tiempo D’Alessio le exigió a Palomina Zitta que se convirtiera en arrepentido y declarara una serie de nombres. Así lo hizo, acusando a “gente que no conocía”, según reza la declaración ante el juzgado de Ramos Padilla. “Me sentía coaccionado ante el temor de quedar detenido y la presencia del periodista de tanto renombre”.

El concubinato de servicios de inteligencia, agentes judiciales y periodistas

D`Alessio fue detenido el 15 de febrero, y el 25 del mismo mes el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo procesó como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.

El magistrado demuestra en las 220 páginas de su resolución el vínculo estrecho entre el fiscal Carlos Stornelli y D’Alessio a través de numerosos mensajes y audios, una reunión de cuatro horas en Pinamar y escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos. Para Ramos Padilla, algunas de las operaciones de D`Alessio estaban en conocimiento de Stornelli, que se desvinculó de su colaborador pero cuya credibilidad se ve seriamente cuestionada.

El caso también salpica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -quien según D`Alessio le pagaba un sueldo de 200 mil pesos mensuales- y a otros numerosos personajes mencionados por el detenido. Entre ellos, dos ex comisarios detenidos ayer.

El punto clave de todo el procesamiento del juez Ramos Padilla es que considera que existe “una comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático”. El grupo de tareas en torno a la dupla Stornelli-Bonadío utiliza extorsiones, coacciones, carpetazos, causas falsas  abogados truchos para exigirle plata a ciudadanos, pero más que eso para armar y dirigir causas judiciales.

Aparece como aberrante la promiscuidad entre servicios de inteligencia y el aparato judicial, con D`Alessia como gestor de por medio. También la cohabitación de periodistas emblemáticos del sistema: Daniel Santoro del Grupo Clarín y Eduardo Feinmam de la TV aparecen como contactos habituales de operaciones coordinadas vía WhatsApp.

Ahora, la administración colonial de Mauricio Macri intenta alejar el juez Ramos Padilla de la causa, y hacerla caer en alguna dependencia judicial adicta. Stornelli es un colaborador de larga data del presidente, un verdadero soldado de la mesa chica del poder. Lo defenderán hasta las últimas consecuencias.

Fake news: El puente de Venezuela Aid Live | Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela | Página12

Fuente original: Fake news: El puente de Venezuela Aid Live | Otra m… | Página12

Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela
Fake news: El puente de Venezuela Aid Live
El puente Las Tienditas está cerrado porque Colombia nunca construyó las instalaciones aduaneras.

El puente Las Tienditas está cerrado porque Colombia nunca construyó las instalaciones aduaneras. Imagen: AFP

La imagen es impactante. Tan impactante que ocupó la portada de la mayoría de los grandes diarios internacionales. Muestra un inmenso puente de tres vías con dos conteiners y un acoplado cruzados que, obviamente, impiden el paso. El puente está desierto y los títulos que acompañan a la fotografía intentan explicar porqué: “El bloqueo fue dispuesto este 6 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la llegada de ayuda humanitaria a su país”. Así lo reprodujo Clarín y, palabra más o menos, así lo repitieron en todo el mundo después de que se conociera que en uno de los extremos del puente, llamado Las Tienditas, se levantaría el escenario del promocionado festival Venezuela Aid Live.

El único problema es que el 6 de febrero de 2019 no se bloqueó ningún puente. El puente está bloqueado desde el día en que terminó su construcción, a principios de 2016. En otras palabras, el puente nunca fue inaugurado y hace tres años que muestra la misma impactante imagen de la inmensidad desierta.

Los grandes medios internacionales amplificaron las mentiras sobre el puente Las Tienditas.

Los grandes medios internacionales amplificaron las mentiras sobre el puente Las Tienditas.

La historia de Las Tienditas puede resumirse en pocas líneas. Frente a una frontera colapsada por la intensidad del tránsito, acordaron su construcción los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, en alguno de los escasos momentos en que las relaciones entre los dos países no eran tan malas. Empezaron las obras en 2014 y veinte meses después estaban terminadas. O casi. Colombia nunca construyó las correspondientes instalaciones aduaneras porque ya estaba claro que el puente no se usaría. Las relaciones entre los dos países ya no eran tan buenas. Los colombianos aseguran que por decisión de Caracas. Los venezolanos aseguran que por decisión de Bogotá. Lo mismo ocurre con el financiamiento. Los colombianos sostienen que se pagó a medias. Los venezolanos sostienen que todo el dinero lo pusieron ellos. Lo que está fuera de discusión es que Colombia levantó una impresionante reja en la mitad del puente que impide desde hace mucho el paso. Si uno mira con cuidado las fotos que ahora se hicieron famosas, puede ver las rejas adelante de los conteiners.

La diferencia entre lo publicado y la realidad no es inocente. Presentar al Gobierno venezolano levantando muros en su frontera, para evitar que llegue “ayuda humanitaria” para sus ciudadanos, no contribuye a mejorar la imagen internacional de Nicolás Maduro, justo cuando es en el terreno internacional donde se juega la principal batalla por su continuidad en el cargo.

Algún desprevenido podría argumentar que en estos días, y sobre todo en los días de Donald Trump, los muros entre países no son mal vistos. Pero las noticias no están destinadas a Donald Trump. Están destinadas a convencer a los ciudadanos de todo el mundo, en especial a los estadunidenses y latinoamericanos, de que la ofensiva contra el gobierno venezolano no es por el petróleo o el coltán o el oro, ni para escarmentar a cualquiera que desafíe los mandatos de Washington, sino por “la ayuda humanitaria”.

La imagen del puente ya quedó instalada en la historia. El  Venezuela Aid Live se transmitió en cadena mundial. El promocionado objetivo del festival, financiado por el magnate británico Richard Branson y su socio colombiano Bruno Ocampo, es “conseguir ayuda humanitaria para repartir entre los necesitados venezolanos”.

Branson no oculta que la idea surgió a pedido de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente por decisión de la Casa Blanca, ni que casualmente el día siguiente al recital es el anunciado por Guaidó, bajo el estricto cronograma fijado por Trump, como el destinado a que entre en Venezuela la “ayuda humanitaria” enviada por Washington. Si es posible por las buenas y si no queda más remedio por las malas. Como el Gobierno venezolano ya anunció que no está autorizado el ingreso “por las buenas” todo indica que si la entrada se concreta será “por las malas”.

Resulta muy difícil imaginar un desemboque pacífico y humanitario para un festival convocado por “la paz” y “la ayuda sin banderías políticas”. Aunque así lo repitieron, sin ponerse colorados, cada uno de los músicos presentes.

Las investigaciones de Saúl Landau sobre los vínculos de EUA y el régimen de Pinochet | The Nation

Fuente original: De la revista The Nation: Las investigaciones de Saúl Landau sobre los vínculos de EUA y el régimen de Pinochet | The Nation

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema y, en este caso, para conocer el enorme trabajo periodístico de este medio independiente estadounidense.

Si tiene intención de hacer una donación para apoyar a The Nation, colaborando económicamente con el medio, desde la siguiente página, se pueden leer las opciones: https://www.thenation.com/support-the-nation-homepage/ (No tengo ninguna relación comercial, laboral o personal con The Nation, salvo la de leer cada tanto algún artículo).

Fue para The Nation un honor publicar su trabajo en un momento tan tempranos y definitivo en su carrera, cuando él trató de descubrir quién fue el responsable de la muerte brutal y prematura de su querido y consecuente amigo.

Dos eventos tristes relacionados entre sí marcaron la semana pasada: el miércoles, 11 de septiembre se cumplieron 40 años del golpe de Estado respaldado por EUA que derrocó al presidente socialista de Chile, Salvador Allende; el lunes, el gran periodista y director de documentales Saul Landau — un amigo colaborador de toda la vida The Nation — murió a los 77 años.

Los primeros artículos de Landau para The Nation se basaron en una investigación de varios años sobre el asesinato del Ministro de Exteriores de Allende, Orlando Letelier, en un atentado de coche bomba en Washington, DC, a finales de septiembre de 1976. En artículos en The Nation y en su aclamado libro de 1980, Assassination on Embassy Row, escrito con su colaborador habitual, John Dinges — que nuestro crítico Jorge Nef llamó “un provocativo estudio [que] se lee como una hipnotizante novela de espías” — Landau demostró rigurosamente que la complicidad de las agencias de inteligencia de EUA con los crímenes del régimen de Pinochet no terminó con el trágico golpe de 1973.

Apenas un mes antes de ser asesinado, Letelier — entonces miembro del Instituto de Estudios Políticos (IPS por sus siglas en inglés), que ahora celebra su quincuagésimo aniversario – publicó un artículo muy clarividente en The NationEconomic ‘Freedom’s’ Awful Toll: The Chicago Boys in Chile“, que documenta extensamente los esfuerzos de los economistas conservadores estadounidenses en convencer al régimen de Pinochet “que están preparados para complementar la brutalidad, que poseía el ejército, con la capacidad intelectual que carecían”. En un editorial la semana después del atentado – que también mató la asistente de Letelier en el IPS Ronni Moffitt, ciudadana estadounidense de 24 años de edad; e hirió a su marido, Michael, quien estaba en el asiento trasero — The Nation escribió: “Letelier hizo la conexión política esencial en ese artículo — que el tipo de organización económica que EUA fomentaba en Chile exigía absolutamente un ‘sistema de terror’ para tener éxito. Y ahora ese sistema de terror ha alcanzado y dado fin mediante el asesinato a un opositor de la dictadura que tanto trabajó EUA para instalar”.

Landau y Ralph Stavins, ambos colegas de Letelier en el IPS, se lanzaron de inmediato a una investigación para determinar tanto el responsable directo como el cómplice. En un artículo de The Nation de marzo de 1977 con el dramático título This Is How It Was Done Landau y Stavins presentaron la evidencia que vincula la policía secreta chilena DINA con el crimen:

Nuestra evidencia indica que un agente de la DINA de alto nivel aterrizó en Miami el 13 de septiembre de 1976, y se reunió con un grupo de exiliados cubanos que ya habían sido alertados de que un “contrato” estaba por venir. El agente de la DINA trabajó en los detalles del asesinato de Letelier con cuatro jóvenes terroristas, conocidos por su audacia y sangre fría. Después de haber obtenido un explosivo plástico y un dispositivo de detonación, se fueron a Washington. Allí se encontraron con los agentes de la DINA, haciéndose pasar por funcionarios chilenos, estacionadaos en la Embajada de Chile. Los agentes con sede en Washington informaron a los exiliados sobre los hábitos de Letelier, la descripción del coche, horarios de salida, ruta diaria al trabajo, lugar de estacionamiento, y el calendario de trabajo probable en el Instituto de Estudios Políticos durante la siguiente semana.

Landau y Stavins luego proporcionan un vívido relato minuto a minuto del asesinato en base a su investigación de seis meses

Cuando Letelier llegó Sheridan Circle, una mano en el coche gris [de los asesinos] presionó un botón. Michael Moffitt escuchó el sonido como “agua en un cable caliente” y luego vio a un “destello blanco”. Disparado del auto por la explosión, Moffitt intentó liberar a Letelier quien estaba inconsciente en los escombros sobre él. Sus piernas se habían separado de su cuerpo y habían sido arrojadas a unos 15 metros de distancia. Ronni Moffitt se alejó de la Chevrolet ardiente, parecía estar bien, pero en realidad había sufrido una arteria cortada y pronto murió desangrada. Michael gritó al mundo: ‘Los fascistas chilenos han hecho esto’.

Landau y Stavins entonces comenzaron a desenredar las conexiones entre los asesinos y los principales miembros del gobierno de EUA y las élites de los medios, los que Landau desarrolló aún más en las investigaciones posteriores The Nation:

La mayoría de los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia que investigan los asesinatos han hecho un esfuerzo concertado para lleva a los culpables ante un tribunal de justicia. Al mismo tiempo, otros agentes dentro del gobierno han filtrado materiales del maletín de Letelier, incautados por la policía como evidencia potencial en el momento de la explosión. El material filtrado apareció por primera vez en los escritorios de varios funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, donde Letelier había servido durante muchos años. Después, el material maletín fue dado a columnistas Jack Anderson y luego a Evans y Novak. Las columnas que estos hombres escribieron intentaron desacreditar a Letelier y desviar la atención de los verdaderos asesinos el General Pinochet, la Junta chilena, la DINA y sus sicarios del exilio cubano.

Los nombres de la mayoría de los asesinos, sus motivos y su modus operandi son conocidos en el Departamento de Justicia. Lo que queda son las preguntas más fundamentales: ¿se permitirá a las autoridades estadounidenses reunir pruebas suficientes para llevar a los asesinos a juicio? ¿Van a nombrar al general Pinochet y otros miembros de junta de gobierno que ordenaron los asesinatos? Y, ¿se revelará en su totalidad el papel de las agencias de la inteligencia y la defensa de EUA, que habíam entrenado previamente los líderes de la junta, los agentes de la DINA y los exiliados?

Unos años más tarde, el propio Landau ayudó a revelar más de ese papel, en su colaboración con John Dinges. En “The Chilean Connection” (28 de noviembre, 1981), que revela nueva información sobre cómo la CIA pudo haber proporcionado información crucial e incluso la asistencia a los asesinos de Letelier y Moffitt:

A principios del verano de 1976, el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta de Chile, lanzó una operación para asesinar al líder exiliado chileno Orlando Letelier. Ahora se ha sabido que a los pocos días de la creación de esa consipiración Contreras realizó una visita secreta a Washington, DC, donde se reunió con funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia y también negoció la compra de armas ilegales y equipos de espionaje electrónico con una empresa dirigida por el los antiguos funcionarios de la CIA Edwin Wilson y Frank Terpil.

Wilson y Terpil se habían dado a conocer después de que un gran jurado federal los acusara de exportar bienes y servicios terroristas al Coronel Muammar ‘el-Qaddafi de Libia, cuyo régimen clasifica alto en la lista de los enemigos de la Administración Reagan. En 1978, la Oficina Federal de Investigaciones había establecido que agentes de la DINA mataron Letelier en territorio de EUA. Esa evidencia, combinada con los materiales recién revelados muestran que antiguos funcionarios de la CIA han cooperado con otras operaciones encubiertas de la DINA en los EUA, parece poner en peligro los esfuerzos de la Administración para rehabilitar la dictadura militar de Chile como un aliado anticomunista.

En otro artículo sobre el tema el año siguiente, “The CIA’s Link to Chile’s Plot,”, Landau y Dinges revelaron que Contrera también se había reunido dos veces con el funcionario de segundo rango más alto de la CIA, subdirector Vernon Walters. Una de dichas reuniones se produjo justo un mes antes del asesinato..

El nombre de Walters ha surgido varias veces en relación con Contreras y los agentes de la DINA que planearon el asesinato, de acuerdo con la evidencia recopilada por el FBI que muestra que Walters viajó a Asunción, Paraguay, en junio de 1976, por motivos de trabajo de la agencias. Un mes después, dos agentes de la DINA asignados para matar a Letelier llegaron a Paraguay para obtener pasaportes falsos, usando el nombre de Walters y alegando que Walters y la CIA sabían sobre la misión de la DINA a Washington. Walters ha negado que tuviera nada que ver con los agentes de la DINA o la pasaportes falsos …

La pregunta más grande sin responder dejó inquietudes sobre la relación de la CIA y la DINA y [el asesino de Letelier Michael] Townley en el momento del asesinato. ¿Por qué pudieron agentes de la DINA entrar y salir libremente de EUA? ¿Estuvieron funcionarios de la CIA implicados en eludir el embargo de armas del Congreso contra Chile, y por lo tanto obligados a guardar silencio sobre la actividad de la DINA en Washington en el momento del asesinato de Letelier por temor a revelar otro escándalo de acción encubierta de la CIA?

En 1987, Landau y Dinges llevaron a cabo una entrevista con Armando Fernández Larios, un ex oficial de la DINA, que huyó a EUA para poder revelar la verdad de la participación directa de Pinochet en el asesinato de Letelier. Los autores hablaron con Fernández Larios en una habitación de un motel de Virginia bajo esticta seguridad del servicio de US Marshal.

Fernández ha nombrado a seis generales y coroneles que han jugado un papel directo en el asesinato o en ordenar suencubrimiento. Y ha señalado al Presidente. Dice que el subjefe de la DINA Espinoza, uno de los pocos del círculo íntimo en condiciones de conocer, le dijo que Pinochet había dado la orden de matar a Letelier. Según Espinoza, Fernández dijo que el jefe de la DINA, Contreras admitió a otro general que había puesto plan del asesinato de Letelier en marcha porque había recibido órdenes es en ese sentido. Cuando se le preguntó por quién, Contreras respondió: “Pregúntele al jefe”, que tanto Espinoza como Fernández interpretaron como una referencia al general Pinochet, el único superior de Contreras..

En tantos temas, desde Chile a Irak, la globalización a la lluvia radiactiva Landau “hizo un llamado a todos a que pensáramo, sentó un ejemplo para imitar en sus luchas por la justicia y dejó para siempre su huella”, como escribió en su conmovedor homenaje en The Nation Andrés S. Pertierra. Fue para The Nation un honor publicar su trabajo en un momento tan tempranos y definitivo en su carrera, cuando él trató de descubrir quién fue el responsable de la muerte brutal y prematura de su querido y consecuente amigo.

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