Nac&Pop | EL PODER DETRÁS DE LOS MEDIOS EN ARGENTINA

Quiénes son y qué intereses tienen los dueños de los medios de comunicación en la Argentina. Un resumen visual de los ejes de la investigación colaborativa entre Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el diario Tiempo Argentino -el proyecto MOM, por su sigla en inglés- sobre 52 medios y 23 grupos em

Fuente: Nac&Pop | EL PODER DETRÁS DE LOS MEDIOS EN ARGENTINA

LOS DUEÑOS DE LAS PALABRAS

Tiempo ar

19 de Abril de 2019

El mercado de medios argentino cuenta con una amplia diversidad de propietarios en cuanto a su tamaño pero los más grandes dominan una amplia porción del mercado, tanto en audiencias como en medios. De los 23 grupos incluidos en el estudio MOM Argentina, el Grupo Clarín es el amplio dominador de este mercado con una amplia cantidad de empresas titulares de canales de televisión, emisoras de radio y diarios. Viacom, de capitales estadounidenses, es el grupo más relevante del mercado televisivo. Grupo América y Grupo Indalo son, de los multimedios de capitales nacionales, los más importantes y diversificados en sus posesiones.

Los 33 dueños de estas empresas son, con una sola excepción, hombres. Sin embargo, son pocos los empresarios de medios que no tienen intereses en otras ramas económicas dentro o fuera de la comunicación como industria. Telecomunicaciones, construcción, energía y finanzas son los sectores económicos donde más presencia tienen los hombres fuertes del sistema mediático argentino.

El Grupo Clarín se destaca como el mayor y más consolidado de los grupos, tanto por ingresos, por cobertura territorial, por las facilidades para acceder a licencias de medios y telecomunicaciones, y por su sociedad con el Estado en la producción de papel como insumo esencial durante décadas en el segmento gráfico. Un indicador de propiedad cruzada arroja que, como mínimo, el conglomerado conducido por Héctor Magnetto supera el 25% de todos los consumos informativos.

Los grupos son privados, comerciales y cuentan con fluidos contactos con los gobiernos nacional, provinciales y municipales, lo cual se ve representado en su captura de porciones significativas de la publicidad oficial. Muchos de ellos explotan otras actividades económicas, para las cuales la actividad mediática resulta un facilitador. La excepción de medios comunitarios y cooperativos, que tradicionalmente fueron marginados del acceso a licencias, a la publicidad oficial y al apoyo económico del Estado que tuvieron los privados, se manifiesta en este informe con la inclusión de Tiempo Argentino.

Si bien la mayoría de los grupos de comunicación están en manos de capitales argentinos, la presencia extranjera (en particular, estadounidense) se hace sentir entre los grupos que dominan la audiencia de canales y señales de televisión. Por otro lado, y a diferencia de los grupos de comunicación de Brasil o México, los grupos argentinos no han desplegado estrategias de internacionalización más allá de la exitosa exportación de formatos y productos audiovisuales. Con la excepción de los grupos editoriales Perfil (en Brasil, China y otros mercados) y La Nación (EEUU), y de Infobae, que además de operar en EEUU tiene presencia en varios países de la región, el resto no tuvo un despliegue internacional (Clarín tiene intereses en Paraguay, Brasil y México pero son marginales en su estructura).

Los grupos más poderosos exhiben una integración multimedia, con participación en la industria audiovisual pero también en diarios (impresos y/o digitales).

El Estado argentino posee un “multimedios” a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, pero su importancia en términos de audiencia y públicos es baja, además de que su conducción y su línea editorial responden al gobierno.

No existe acceso público directo ni controles eficaces por parte del Estado a la información de la propiedad de los grupos mediáticos, salvo excepciones como la del Grupo Clarín (obligado por su participación bursátil a brindar datos sobre su accionariado e ingresos). No obstante, a través de información periodística es posible reconstruir la estructura de propietarios e incluso descubrir quiénes están detrás de representantes o testaferros (como en el caso del Grupo Albavisión).

¿QUIÉNES CONTROLAN A LOS MEDIOS EN AMÉRICA LATINA?

Reporteros Sin Fronteras presentó en San Pablo el Monitoreo de la Propiedad de los Medios en la región. Allí estuvo Tiempo, como parte de la investigación en Argentina. Principales características y recomendaciones para lograr pluralidad y libertad en los medios.

4 de Diciembre de 2019

Tiempo ar

Reporteros Sin Fronteras presentó este martes el Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés) en América Latina, un estudio que retoma las investigaciones que la organización promovió en los últimos años en México, Brasil, Perú, Colombia y Argentina, donde Tiempo realizó la investigación.

Con el objetivo de visibilizar quién controla a los medios en la región y los problemas que una gran concentración de estas empresas genera en la sociedad, se compararon los mercados de medios de estos 5 países y se realizaron recomendaciones a los estados para generar un ambiente de pluralidad y libertad en los medios.

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Matilha, en la parte vieja de la localidad de San Pablo, donde la organización Intervozes, a cargo de la investigación de los medios en Brasil, ofició de anfitrión frente a un público compuesto por investigadores, académicos y militantes de la comunicación.

Allí participaron Emmanuel Colombié, director de la sede para América Latina de Reporteros Sin Fronteras; Gerardo Aranguren, de Tiempo Argentino, Olivia Bandeira y André Pastí, por Intervozes, Luis Brasilino, editor de Le Monde Diplomatique Brasil quienes debatieron sobre los desafíos para enfrentar la concentración y promover la pluralidad. Desde México y por videoconferencia se sumó Itzel Sánchez, de la organización Cencos.

Colombié fue el encargado de presentar el nuevo sitio, que concentra en un mismo lugar el trabajo realizado en la región desde 2015. “La concentración de los medios limita la libertad de las opiniones”, manifestó y planteó una serie de preguntas que explican la misión de estos monitoreos de la concentración de los medios: “¿Cómo las personas pueden realizar una lectura crítica de los medios y de sus contenidos si no saben quién conforma esas empresas de medios? ¿Como los periodistas pueden trabajar libremente sin saber quién controla la empresa en la que trabajan? ¿Como las autoridades pueden lidiar con la concentración excesiva si no saben quien dirige esos medios?”.

Tras la presentación del proyecto, se desarrollaron las particularidades de cada país: el poder de Globo en Brasil y su disputa con el actual gobierno de Jair Bolsonaro así como el gran alcance de las iglesias y líderes religiosos, con un gran número de licencias de radiodifusión; la posición dominante del Grupo Clarín en todas las ramas de la comunicación y las telecomunicaciones en Argentina y el desmembramiento de las regulaciones que hasta hace poco se lo impedían, así como el rol de los medios sin fines de lucro y autogestionados en el país. Y el panorama en México, con los medios controlados por las familias tradicionales desde hace más de un siglo y con periodistas que ponen el riesgo su vida para hacer su trabajo.

Recomendaciones

Reporteros Sin Fronteras realizó una serie de recomendaciones a los Estados de la región para construir un ambiente de pluralismo y libertad en los medios. Se destaca que deben garantizar un sistema de medios plural por medio de regulaciones que impidan monopolios y con límites a la propiedad de los medios; deben garantizar espacios para medios comunitarios y los medios públicos deben tener independencia y autonomía. Consideran que el Estado debe garantizar la transparencia en la propiedad de los medios así como de las fuentes de financiamiento de las empresas de comunicación. También señalan el rol del estado en una distribución democrática de la publicidad oficial y en el resguardo de los periodistas y sus condiciones de trabajo.

La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en Chagos | Página12

Fuente original: La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en … | Página12

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23 de mayo de 2019

Los habitantes fueron arrancados de la isla y condenados al destierro

La historia de las brutalidades de Gran Bretaña en Chagos

Por Fernando Cibeira

El caso de Diego García, la isla del archipiélago de Chagos de la cual Naciones Unidas le ordenó retirarse a Gran Bretaña , guarda llamativas similitudes con las islas Malvinas. Sus habitantes fueron arrancados de allí sin que nadie tuviera en cuenta su opinión y fueron condenados al destierro.

Diego García es un atolón (una isla de coral en forma de anillo) de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Oceáno Indico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de Africa.

La isla fue descubierta por un marinero andaluz que la descubrió en el siglo XVI y le puso su nombre. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. Gran Bretaña la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia.

En 1966 los británicos acordaron alquilarle la isla a Estados Unidos por 50 años, hasta 2016, para que instale una base militar en plena Guerra Fría. Pero luego del 11-S la CIA aprovechó su ubicación estratégica para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror.

A los dos mil habitantes de Diego García (los “chagosianos”, ya que viven en Chagos) los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a villas miseria de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casillas de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde.

Cuentan que muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”.

En 1998, los chagosianos y sus descendientes resolvieron acudir a la Justicia. Para todos los especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional. Dos años después, en efecto, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los habitantes debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones. Los sucesivos gobiernos británicos ignoraron la sentencia y el Foreign Office continuó apelando hasta que, en 2008, la Cámara de los Lores –última instancia del particular sistema legal inglés– falló a favor del gobierno por un ajustado tres a dos. El argumento esgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido. Estados Unidos ya había advertido que la vuelta de los habitantes significaría un “riesgo inaceptable” para su base.

Obstinados en recuperar su paraíso, los isleños acudieron a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, en 2010, el gobierno inglés sacó un increíble argumento de la manga. El canciller David Miliband anunció que crearía la mayor reserva natural oceánica del mundo alrededor del archipiélago, que componen unas 55 minúsculas islas, en función de las 220 especies de corales y las más de mil de peces que se encuentran en sus aguas. Para preservar el área virgen, obviamente, resultaba imprescindible que no esté habitada por los depredadores agricultores chagosianos. Al parecer, los peces no tenían problemas con las naves norteamericanas que salían a bombardear Afganistán o Irak. Tampoco con los militares que viven allí, ni los empleados civiles. Tan triste todo, que un cable difundido por Wikileaks reveló el obvio trasfondo de la maniobra.

La novelista Philippa Gregory describió el caso de Diego García en un artículo de junio pasado en The Times titulado elocuentemente “Las Falklands secretas que siguen en conflicto”. “He leído los papeles del Foreign Office desde 1960 intentando entender la historia de Chagos: es una lacrimógena experiencia sobre el engaño y la arrogancia”, escribió.

Los cercos del algoritmo | Medios y comunicación | Página12

Fuente original: Los cercos del algoritmo | Medios y comunicación | Página12

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15 de mayo de 2019

Roberto Samar y Javier Cantarini explican cómo Facebook y Google segmentan las opiniones que se ven en los muros y en las búsquedas de acuerdo con la ideología del titular de las cuentas. Los riesgos de un mundo de guetos.

Por Javier Cantarini y Roberto Samar.

Hace tiempo que en tu cuenta de Facebook no aparece ninguna publicación de contactos con los que supiste compartir algún tramo de tu vida. Entonces lo buscas por su nombre y te das cuenta que sus publicaciones distan mucho de tus ideas y gustos. Un fuerte impulso por ver que apoya todas las expresiones que de alguna manera crees que son perjudiciales para la sociedad te hace dar gracias a la red social más consumida en Argentina por haberlo ocultado.

Pero si hacemos el ejercicio de ver más allá de nuestras narices y gustos podemos darnos cuenta que nos vamos construyendo un cerco social y comunicacional. O que, en verdad, nos construye el algoritmo que usa Facebook de acuerdo a nuestros clics.

Un cerco que también se fortalece con los servicios de noticias a los que estamos suscriptos que dirigen la información de acuerdos a nuestras preferencias. Si simpatizas con Cambiemos te llegará una catarata de noticias vinculadas al discurso de la mano dura o de estigmatización de la pobreza, pero seguramente no te enteres del aumento de la violencia institucional que denuncia la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

Una situación similar se da en la industria del entretenimiento como Netflix que te satura con un contenido siempre idéntico, dificultando que puedas encontrar títulos alternativos que pueden poner en tensión tu mirada motivando así el ejercicio del pensamiento crítico. O el buscador de internet más utilizado, Google, que desde 2009 arroja distintos resultados a pesar que las personas busquen la misma palabra.

El integrante de MoveOn, Eli Pariser, ejemplifica en su texto el Filtro Burbuja que, con la personalización de Google, “la consulta ‘células madre’ puede producir resultados diametralmente opuestos en el caso de que los usuarios sean científicos que apoyen la investigación o activistas que se opongan. En otras palabras, ya no existe un Google estándar”.

En los consumos culturales y de noticias, siempre existió lo que se denominó una “exposición selectiva”. Es decir, que tendemos a exponernos a contenidos que nos son afines. La particularidad del momento actual, es que los discursos y contenidos que no coinciden con nuestros puntos de vista se nos vuelven invisibles por los filtros que producen las nuevas tecnologías.

Pariser afirma que “la nueva generación de filtros de internet observa las cosas que parecen gustarte”. Y que de esta manera “tu pantalla de ordenador es cada vez más una especie de espejo unidireccional que refleja tus propios intereses, mientras los analistas de los algoritmos observan todo lo que clicas”. En un mundo globalizado y en el que internet y las redes sociales se presentaron como la democratización de la información a gran escala ¿Qué sentido tiene que los mismos contenidos circulen entre las mismas personas?

“La era de una conexión cívica con la que tanto soñaba no ha llegado. La democracia precisa de ciudadanos que vean las cosas desde el punto de vista de otros, pero en vez de eso cada vez estamos más encerrados en nuestras burbujas”, sintetiza Parisir.

Todo hace pensar que estas nuevas estructuras comunicacionales podrían profundizar las grietas ideológicas. Ahora, el desafío que se nos presenta es construir puentes, espacios de diálogo que tal vez incomoden, pero que sí puedan poner en tensión esas burbujas, especialmente a las que sostienen y alimentan discursos anti-políticos, machistas, xenófobos y estigmatizantes que nos retrotraen a los momentos más oscuros y tristes de nuestra historia.

^{Roberto Samar es especialista en Comunicación y culturas UNCO. Docente de la UNRN}

^{Javier Cantarini es Periodista. Integrante de la RED PAR. Diplomado en Comunicación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos.}

Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

Fuente original: Radiografía mediática: la concentración o la libertad – lavaca

Publicada el 11/04/2019

 

El Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina es una investigación que revela la composición accionaria y los negocios de diversos grupos mediáticos. La investigación, realizada por el diario cooperativo Tiempo junto a Reporteros Sin Fronteras, describe los efectos de la concentración mediática: el rol del Grupo Clarín, el principal ganador durante el macrismo, la opacidad de los dueños de los medios, la destrucción provocada durante los últimos 3 años. Y el significado del periodismo autogestivo y cooperativo.

“El mapa de los medios de comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibuja altos niveles de concentración, si se toma como referencia la participación de las cuatro principales empresas en cada una de las industrias. El nivel de concentración es mucho mayor si se considera que varios de los grupos mediáticos líderes en una de las ramas (prensa online, por ejemplo) son también dominantes en el resto (tv, radio, prensa gráfica). La concentración en la Argentina es además geográfica, puesto que las principales usinas de información y entretenimiento están localizadas en la zona metropolitana de Buenos Aires”.

Esa una de las conclusiones del Primer Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina, un proyecto de investigación desarrollado por el diario cooperativo Tiempo Argentino y Reporteros sin Fronteras, con apoyo de la Fundación Ebert Stiftung.

El informe, resultado de un trabajo de cinco meses (http://argentina.mom-rsf.org/es/), relevó 22 grupos de comunicación. Se detalla la composición accionaria de los medios, sus negocios paralelos y quiénes son sus dueños, además de una serie de datos respecto a la industria periodística que pueden sintetizarse en imágenes bien concretas:

• El trabajo señala que es “imposible recrear” cómo es el mercado nacional de audiencias audioviduales, debido a que las mediciones de radio y TV están concentradas en una sola empresa, Kantar Ibope Media, cuyos datos “sólo son accesibles a través de lo que las empresas de radio y televisión, muchas veces a través de otros medios pertenecientes al mismo grupo, informan”.
• Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), datos de 2017, los cuatro principales grupos televisivos concentran el 56,7 por ciento de audiencia, según se supone. Otro dato monopólico y centralista: “Clarín concentra el 22,6 de las audiencias, pero el 60 por ciento de los contenidos de canales locales de grandes urbes son contenidos repetidos que se distribuyen desde Buenos Aires”.
• La prensa gráfica perdió “influencia directa por la disminución dramática” de la venta de ejemplares diarios, pero sigue marcando agenda. “La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la TV: los cuatro grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran el 74,18% de las ventas. Sólo el Grupo Clarín domina el 43% del mercado”.
• En radio, su arquitectura tecnológica permite una convivencia entre emisoras, pero la concentración es también alta: los principales grupos (Clarín, Indalo y Prisa/Albavisión) concentran el 53 %.
• Entre la actual situación de concentración y de crisis de la industria, con más de 3500 despidos y retiros voluntarios desde la asunción de Cambiemos en 2015, surge la experiencia de medios recuperados y cooperativos en la creación de contenidos a través de nuevas y creativas formas de organización.

El proyecto de Monitoreo sobre la Propiedad de los Medios (que utiliza la sigla MOM, por Media Ownership Monitor) analizó la situación de 14 canales y señales de televisión, 14 emisoras de radio, 10 diarios impresos y 14 sitios web de noticias. “Es imposible abordar la concentración de los medios y de los flujos informativos en Argentina sin detenerse en el Grupo Clarín”, apunta, y lo subraya como el principal beneficiario de la distribución de publicidad oficial por parte del Estado, además del principal beneficiario por la orientación política de comunicaciones de Cambiemos, que posibilitó –entre otras cosas- la fusión entre Cablevisión y Fintech (cable y telefonía celular) en medio de la desregulación de la Ley de Medios.

La investigación aporta también una línea de tiempo que permite entender una lectura histórica, social y económica del desarrollo de los medios y las audiencias en Argentina, además del contexto legal en el que se fueron desenvolviendo las políticas en materia de comunicación.

La falla del mercado

La presentación de los resultados del Proyecto MOM se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados. El director de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, abrió el seminario. “La libertad de información es imprescindible para la democracia”, apuntó. Si bien remarcó que  “la democracia no puede existir sin la existencia de medios independientes, sean públicos o privados”, destacó que, durante el último tiempo, hubo un “crecimiento exponencial” de nuevos medios que van desde iniciativas digitales hasta cooperativas, “vías interesantes” para que otras voces contribuyan al debate político.

La representante de la Fundación Ebert, Dorte Wollrad, subrayó que los medios son fundamentales en medio de la “crisis de la democracia y de la representación” de esta época.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo, Federico Amigo, destacó el camino sin patrón recorrido junto a sus compañerxs. “Estamos a pocos días de cumplir tres años. Estar acá tiene que ver con una valoración del camino recorrido por esta gestión llevada adelante por sus trabajadores. Hay un reconocimiento: no nos caímos del mapa. Tiempo es una cooperativa que está integrada por 90 socios, que son sus dueños. Hoy los medios autogestivos tenemos un rol clave”.

Luego, previo a la presentación de los resultados de la investigación, el director de MOM, Olaf Steenfadt, destacó que este es el decimonoveno informe que han producido en el mundo, con más de 100 mil visitas en la web.

“Lo que vemos es que existe una falla del mercado, en el que hoy en día los medios dejaron de ser un negocio rentable. Toda esta precariedad abre la puerta a malos actores, que se conjuga con la llegada de la revolución digital y la tecnología, que cambió el paradigma de nuestra profesión”.

Steenfadt recuerda que, en el esquema tradicional de los medios, la creación de contenido era la pieza clave que podría ampliar su difusión gracias a la tecnología. “Pero hoy vivimos en una era en la que el contenido parece estar al servicio de la tecnología, y no al revés”. En ese sentido, apuntó, el informe permite conocer los intereses económicos y políticos detrás de los medios de comunicación.

La búsqueda en la investigación puede segmentarse por grupo mediático, y también por propietario.

Durante la presentación, el equipo marcó el caso de la propiedad de América TV, porque tiene una compleja estructura societaria. El 40 por ciento pertenece a Claudio Belocopitt, dueño del 76 por ciento de Swiss Medical. “Pero el entramado del canal es una especie de mamuschka con sociedades que poseen otras sociedades que, a su vez, son dueñas de las otras. En ese esquema, es imposible saber las acciones de los otros propietarios, la familia Vila y José Luis Manzano”.

Esa situación revela la opacidad de muchas de las empresas de medios en Argentina. El investigador, docente y experto en concentración, Martín Becerra, fue otro de los que formó parte del equipo de investigación. “Obtuvimos información sobre el Grupo Clarín porque es una empresa que cotiza en bolsa, y entonces la información es pública, a diferencia de otros grupos que están más vedados”. Becerra contó que pidieron informes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tiene la obligación legal de exigir esa información a las empresas. “Nos contestaron que no tienen el registro”.

El equipo hizo hincapié en cómo el Estado fue desarmando el marco legal del Enacom a través de decretos desregulatorios: “Hoy es una entidad gubernamentalizada por decreto, que se contradice con todas las leyes regulatorias. Fue invitada a esta presentación. Esperamos que vengan”.

El patriarcado mediático

El informe también destina un apartado llamado La deuda con las mujeres, en el que analiza el impacto del movimiento feminista en la estructura de los medios. Más allá de destacar que hay un cambio en el lenguaje en cómo se presentan determinadas noticias fruto de la lucha en las calles, y otro tipo de presencia en los contenidos, al analizar la estructura de propiedad de los 52 medios pertenecientes a los 22 grupos, surgió que “no hay ninguna mujer que sea accionista mayoritaria o detente el control efectivo en las sociedades propietarias de los principales medios de comunicación del país”. Y en los máximos escalafones, los cargos son ejercidos por hombres en el 88,5 por ciento de los casos. De los 52 medios, sólo hay seis mujeres ocupando cargos de CEO y gerente de contenidos. Más datos:

• El 71 por ciento de las trabajadoras de prensa dijo que tiene un jefe varón.
• El 76 por ciento de los integrantes de la mesa directiva de sus medios son varones.
• Sólo 27 por ciento de las notas informativas de radio, televisión y diarios son reportadas por mujeres.

El factor Macri

La investigación revela que la llegada de Cambiemos al poder en 2015 provocó cambios profundos en el panorama de medios argentinos. Los principales efectos pueden sintetizarse en estos puntos:

• “El Grupo Clarín se fusionó con Telecom para generar uno de los tres grupos empresariales más grandes de la economía argentina y el más poderoso de la historia de las comunicaciones locales.
• Más de 2700 trabajadores fueron despedidos o tomaron retiros voluntarios en Buenos Aires, según datos del Sindicato de Prensa de ese distrito;
• El sistema de medios y producción de contenidos estatal perdió más de la mitad de las audiencias con las que contaba hasta 2015 y fue el sector mediático que más trabajadores despidió;
• 45 periodistas fueron heridos en coberturas callejeras por la Policía y otros 13 resultaron heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad;
• Durante 2016 y 2017 se discriminó a medios opositores en la distribución de publicidad oficial, aunque eso se revirtió en 2018 y los montos se redujeron, así como la discrecionalidad en su reparto”.

El futuro es presente

Otro de los “hallazgos” que presenta el informe es el presente de los medios autogestivos, “con una mirada de la comunicación como un derecho, independiente de los grandes poderes económicos y alejada de la batalla mainstream por los clicks y la mercancía de la información”. Allí se encuentran los medios recuperados por sus trabajadores. Entre 2016 y 2018 se crearon ocho, como Tiempo Argentino o Pulso,  lo que duplicó la cantidad existente hasta ese momento). “Es un espejo de otro hallazgo del informe, que es la crisis de los medios”, explicó el periodista Gerardo Aranguren. “Desde la asunción de Macri, cerraron alrededor de 30 empresas de medios. Eso significó alrededor de 3500 trabajadores de prensa entre despidos y retiros voluntarios. La contracara son los medios recuperados. Estos medios no reducen sus costos, sino todo lo contrario”.

El informe destaca la experiencia de las revistas culturales (131 censadas en el último informe de AReCIA –la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina- pero la cifra supera las 300), radios comunitarias (215 en funcionamiento) y emisoras de TV comunitarias (10 en todo el país). “Yo creo que es una alternativa real, un camino concreto de poder brindar a todos y a todas la posibilidad de tener el derecho de acceder a información fidedigna. Los medios autogestionados brindan esta posibilidad frente a un discurso único de las empresas de medios concentradas”, destaca en el informe Julio Delgado, presidente de la cooperativa que edita el diario El Independiente en La Rioja. “La lucha es despareja porque la diferencia de escala y recursos lo hace muy difícil. Nuestras inversiones son lentas y van detrás de los ritmos de las tecnologías porque priorizamos a los trabajadores”.

En este punto, la investigación precisa que la crisis actual del país impacta en los costos de producción de los medios, tal como reflejó AReCIA en su declaración de emergencia en 2018 (https://www.lavaca.org/notas/las-publicaciones-autogestivas-en-emergencia-una-declaracion-urgente-y-5-propuestas-para-equilibrar-la-balanza/).

En ese sentido, el trabajo retoma la palabra de Natalia Vinelli, directora de Barricada TV y titular de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas: “Una de las barreras que impide que el sector pueda desarrollarse es la concentración. De propiedad, de línea editorial, de mercado, de audiencia. Concentración que impide la diversidad de fuentes, pluralidad de voces, que circulen otras miradas de mundo. Es difícil pensar que medios chicos podamos ser un contrapeso, pero tenemos que pelear para ocupar ese espacio que no debería ser una pelea solo de los medios comunitarios sino de toda la sociedad.

Sobre el conglomerado que integra AReCIA el informe cita a Franco Ciancaglini, editor de la Revista Mu, quien destaca “el espíritu de la autogestión y la independencia de los sectores comerciales del poder” de esas publicaciones. Y otra diferencia, el rol de los trabajadores: “A estos medios comerciales tan grandes los veo muy camaleónicos, pero claramente el factor de ajuste son los trabajadores y ahí hay una diferencia abismal con los medios autogestivos, que parten de la voz de los trabajadores y de la construcción de cada una de esas personas que las integran”. Allí está la base de otra propuesta que plantea Vinelli en el informe: “El gran desafío es alcanzar audiencias masivas y poder poner en circulación otras miradas del mundo”.

La caza de brujas de los antivacunas | La Ciencia y sus Demonios

Fuente original: La caza de brujas de los antivacunas | La Ciencia y sus Demonios

21 marzo, 2019 ateo666666

Los adeptos a la secta antivacunas pontifican sobre democracia y libertad de elección e información, aunque sin embargo en EEUU se están volviendo cada vez más agresivos y dictatoriales.

Hace unos días el periódico estadounidense “Los Angeles Times” se hacía eco de un comportamiento cada vez más habitual en las redes sociales consistente en atacar, insultar y hasta perseguir a cualquier médico que haya tenido la osadía de hacer algún comentario a favor de una de las más poderosas herramientas desarrolladas por la moderna medicina científica: las vacunas.

Así en el artículo se expone el caso de la Dra. Dana Corriel, una médico que en septiembre del año pasado informó en su cuenta de Facebook que ya estaba disponible la vacuna contra la gripe y animó a los ciudadanos a que se vacunaran. En pocas horas, su cuenta se llenó con miles de comentarios del variopinto colectivo antivacunas. Al principio, la inocente doctora decidió permitir que los comentarios se siguieran publicando en su perfil, con la esperanza de que al presentar ella datos científicos eso sirviera para educar, aunque fuera mínimamente, a estos prepotentes ignorantes sobre la importancia tanto individual como colectiva de las inmunizaciones.

Sin embargo, sus racionales argumentos no sólo no sirvieron de nada, sino que comenzó a recibir insultos del tipo “puta de las vacunas” y “asesina de niños”, además de múltiples descalificaciones sobre su profesionalidad de personas que, aunque nunca había tratado en su consulta puesto que la mayoría de ellos eran de otras ciudades distintas a su lugar de trabajo o incluso de estados muy alejados de su residencia, la calificaba de inútil, inepta o de corrupta vendida a las siempre malvadas multinaciones farmaceúticas, cuando en realidad el verdadero negocio de estas corporaciones sería el de dejar de vacunar para que así ellas pudieran vender toda la panoplia de medicamentos necesarios para mantener con vida a los millones de infectados que la ausencia de estas más que eficaces vacunas dejarían entre la desprotegida población.

Además, uno de estos ignorantes encontró la dirección de su consulta y le envió un libro antivacunas. Finalmente, visto el nivel de agresividad y de cercanía, la médico se sintió amenazada y acabó borrando su más que pertinente comentario inicial para poder intentar recobrar un poco de tranquilidad tanto personal como profesional.

Y este tipo de campañas se están volviendo más habituales y están cada vez más coordinadas en EEUU, en donde los grupos de antivacunas en las redes sociales cuentan con decenas de miles de combativos (y cada vez más agresivos) “expertos” autodidactas en inmunología o virología que, por supuesto, no sólo no tienen titulación alguna, sino que la mayoría de las veces no saben qué es un virus o cómo actúa un linfocito T.

Aunque eso sí, estos analfabetos del siglo XXI se permiten el indecente y más que peligroso lujo de cuestionar unos tratamientos que cada año salvan la vida de millones de personas en todo el mundo y que si se dejaran de administrar nos retrotraerían a esos no tan lejanos tiempos en donde los humanos éramos pasto de las más diversas pandemias.

Las sangrientas mentiras de Elliott Abrams – Common Dreams

Fuente original en inglés: Elliott Abrams’ Bloody Lies

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Publicado el miércoles 06 de marzo de 2019 por Sueños comunes

La duplicidad del enviado venezolano de Trump.

Por Jefferson Morley

Elliott Abrams, el enviado especial del presidente Trump a Venezuela, se hizo famoso por primera vez en 1982 después de ser nombrado secretario de Estado adjunto para los derechos humanos en la administración Reagan. Como hombre de referencia para las guerras de la administración Reagan en América Central, Abrams fue un agresivo defensor de las fuerzas pro estadounidenses que cometieron atrocidades contra los derechos humanos y crítico feroz de quienes informaron con precisión sobre sus crímenes de guerra.

Con Abrams listo para declarar esta semana ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sus primeros días como legislador estadounidense pueden servir de guía para lo que podemos esperar de la política de “cambio de régimen” de la administración Trump en Venezuela.

En un intercambio que se hizo público a nivel nacional en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el mes pasado, el Representante Ilhan Omar se enfrentó a Abrams sobre su condena por mentir al Congreso y las falsas declaraciones que hizo sobre la infame masacre de El Mozote.

Pero el intercambio solo insinuó el alcance del estilo mendaz de Abrams. Mientras que en la administración Reagan, Abrams tejió tales mentiras particulares en un tapiz de propaganda que prefiguraba el Trumpismo en su desprecio por los hechos, el destello de los críticos, la evasión de evidencias y la tolerancia de la brutalidad.

Tres mentiras representativas

Cuando Abrams comenzó su carrera en la comunidad de formulación de políticas de seguridad nacional de EE. UU., a principios de la década de 1980, Centroamérica se vio convulsionada por rebeliones populares. Las dictaduras en El Salvador y Guatemala habían suprimido y explotado a la mayoría pobre durante décadas. A fines de la década de 1970, estos gobiernos feudales, dirigidos por oficiales militares y élites terratenientes, enfrentaron su desafío más serio.

En El Salvador, un clérigo antes conservador, el arzobispo Oscar Romero dio voz a una rebelión popular que contó con el apoyo del público y algunas facciones en el ejército.

En Guatemala, la represión que comenzó con el golpe de la CIA en 1954 estaba llevando a la mayoría de los opositores del gobierno a simpatizar o unirse a un creciente movimiento guerrillero en el campo.

El presidente Reagan, dedicado a «cambiar el rumbo» contra el comunismo en todo el mundo, vio a cualquiera que no se comprometió con la lealtad a la política de los Estados Unidos como un «comunista», «terrorista» o «embaucador comunista». Como tales, estas fuerzas fueron blanco de una violenta represión.

En El Salvador, la administración Reagan respaldó una facción de ultraderecha del ejército encabezada por el oficial de inteligencia Roberto d’Aubuisson, quien fue entrenado en la Academia de Policía Internacional dirigida por la CIA en Washington. D’Aubuisson ideó el asesinato de Monseñor Romero en marzo de 1980 y organizó los escuadrones de la muerte que liquidaron a los civiles en favor del cambio pacífico.

En Guatemala, la ultraderecha celebró las elecciones de Reagan e intensificó su campaña de secuestro de opositores en la capital y masacrando campesinos en el campo.

En los informes anuales del Departamento de Estado sobre derechos humanos de los que era responsable, Abrams justificó esta sangrienta política con astucia creativa.

Críticas a la manipulación

«La asignación de responsabilidad por delitos específicos cometidos por ciertos elementos derechistas o por los miembros de las fuerzas de seguridad asociadas con ellos ha sido difícil», afirmó el informe de derechos humanos de 1983 sobre El Salvador.

Esta fue una alusión eufemística a una serie de asesinatos de alto perfil, incluido el asesinato de Monseñor Romero.

«Cualquiera que piense que vas a encontrar un cable que diga que Roberto d’Aubuisson asesinó al arzobispo es un tonto», dijo Abrams en ese momento.

De hecho, hubo al menos dos cables del Departamento de Estado de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador que indicaron exactamente eso. Uno fue enviado a Washington en noviembre de 1980 y el segundo en diciembre de 1981. El hombre armado [se refiere a la fuente] trabajó como guardaespaldas para d’Aubuisson.

(Años más tarde, cuando ya no se podía negar el papel de d’Aubuisson, Abrams exigiría la extradición del pistolero a los Estados Unidos).

La disposición de Abrams de impugnar a los críticos como «tontos» por citar pruebas a las que él mismo tuvo acceso personificaron su estilo descarado.

Falsa equivalencia

«Los extremistas de derecha e izquierda son culpables de muertes de civiles por motivos políticos, como lo son algunos miembros de las Fuerzas Armadas», dijo el informe del Departamento de Estado de 1983 sobre El Salvador.

Esta formulación simplista sugería que había paridad de violencia política entre la izquierda y la derecha y que las fuerzas armadas no eran parte de la derecha.

La afirmación fue una tontería perniciosa. En 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU descubrió que el 85 por ciento de las muertes de civiles no combatientes eran atribuibles a las fuerzas gubernamentales. Sólo el 5 por ciento podría atribuirse a la izquierda.

En otras palabras, las fuerzas de seguridad armadas y entrenadas por los Estados Unidos tenían 17 veces más probabilidades de ser responsables de asesinatos políticos que las fuerzas antinorteamericanas.

Abrams encubrió esta realidad con el más aburrido de los clichés de Washington: «extremistas de derecha e izquierda».

«Realidades horribles» como progreso

En febrero de 1984, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Frederic Chapin, envió un cable confidencial a Washington informando sobre lo que él llamó «las horribles realidades de los derechos humanos» en el país. Dos recientes secuestros a plena luz del día mostraron que «las fuerzas de seguridad del gobierno atacarán en cuando haya un objetivo de importancia».

Abrams encontró un revestimiento de plata en la carnicería. El informe de 1983 del Departamento de Estado sobre Guatemala declaró: «Los graves problemas de derechos humanos continuaron… pero hubo mejoras en algunas áreas importantes».

Abrams luego firmó un informe secreto al Congreso citando la supuesta mejora de los derechos humanos como justificación para una reanudación de la asistencia de seguridad de los Estados Unidos al gobierno guatemalteco.

El gobierno, afirmó Abrams, «ha tomado una serie de pasos positivos para restablecer un proceso constitucional y electoral, y abordar la práctica de las detenciones extrajudiciales».

De hecho, un estudio del Departamento de Estado de 1986 sobre los desaparecidos de Guatemala encontró que «la práctica de los secuestros se institucionalizó… la mayoría de los desaparecidos han sido secuestrados por las fuerzas de seguridad… Por lo que sabemos, ningún miembro de las fuerzas armadas, políticas, fuerzas de seguridad o grupos paramilitares ha sido procesado, condenado y sentenciado por participar en secuestros relacionados con la política».

El estudio indicó que «según los últimos tres gobiernos militares, la tasa de secuestros informados ha aumentado [énfasis añadido], según nuestras estadísticas».

En 1984, cuando Abrams hizo que la política de los Estados Unidos con respecto a la afirmación de que el gobierno estaba tomando «pasos positivos» que dieron como resultado «áreas importantes [de mejora]», más de tres personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en Guatemala todos los días.

Este es el hombre al que el apóstata de Trump Max Boot describió como «un destacado defensor de los derechos humanos y la democracia».

Lo que significa

Abrams le dijo al Representante Omar que la política de Estados Unidos en El Salvador era un «logro sobresaliente» porque dio lugar a elecciones libres. Lo que no dijo fue que el reinado del terror en El Salvador y Guatemala en la década de 1980 generó una corriente de refugiados a los Estados Unidos que nunca ha cesado.

Gracias a la política de Reagan, El Salvador y Guatemala son ahora estados esencialmente fracasados, ejemplos de países «agujeros de m*» cuyas agonías o aspiraciones insatisfechas de democracia no tienen ningún interés para el presidente o su equipo de formulación de políticas.

Este es el registro a tener en cuenta cuando Abrams testifica sobre la “transición democrática” en Venezuela. Si el futuro de Venezuela es algo así como la «transición democrática» en Centroamérica, el proceso se habilitará mediante la mentira y se empapará de sangre.

Este artículo fue producido por Deep State, un proyecto del Independent Media Institute.

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Jefferson Morley es escritor senior, editor y corresponsal en jefe de Deep State, un proyecto del Instituto de Medios Independientes. Ha sido reportero y editor en Washington DC, desde 1980. Pasó 15 años como editor y reportero en el Washington Post. Fue escritor de personal en Arms Control Today y editor de Salon en Washington. Es el editor y cofundador de JFK Facts, un blog sobre el asesinato de JFK. Su último libro es The Ghost: The Secret Life of CIA Spymaster, James Jesus Angleton (El fantasma: La vida secreta del maestro de espías de la CIA, James Jesus Angleton).

¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela? – New York Times

Fuente original: https://www.nytimes.com/es/2019/03/10/venezuela-ayuda-incendiada/ y el artículo original en inglés (cuyo título es menos ambigüo: «Video contradice la afirmación de los Estados Unidos de que Nicolás Maduro quemó el convoy de ayuda») está en https://www.nytimes.com/2019/03/10/world/americas/venezuela-aid-fire-video.html

Como siempre, recomiendo leer el artículo en el sitio original. En este caso, el mismo está acompañado de videos y gráficos que documentan mejor el tema.

Por Nicholas Casey , Christoph Koettl y Deborah Acosta 10 de marzo de 2019

CÚCUTA, Colombia – Era una narrativa que cuajaba bien con las críticas por autoritarismo contra el gobierno venezolano: las fuerzas de seguridad, bajo órdenes del presidente Nicolás Maduro, prendieron fuego a un convoy de ayuda humanitaria mientras millones de personas en su país padecen enfermedades y hambruna.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, escribió que el “tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban comida y medicinas”. El Departamento de Estado estadounidense publicó un video en el que se afirmaba que Maduro ordenó la quema de los camiones. La oposición venezolana se refirió a las imágenes de la ayuda en llamas, reproducidas por medios y televisoras en toda América Latina, como evidencia de la crueldad de Maduro.

Pero hay un problema: parece que fue la misma oposición —y no los hombres de Maduro— quien accidentalmente prendió fuego al camión.

Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esta sugiere que un cóctel molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno es el causante más probable del incendio.

En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar.

Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión.

Unos segundos después la grabación muestra a ese camión en llamas.

El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara.

El gobierno venezolano fue ampliamente condenado después del incendio de la ayuda en febrero.

Más de tres millones de personas han huido de Venezuela por la crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de Maduro y su gobierno. Los opositores políticos que siguen en el país han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad; varios fueron arrestados, torturados o forzados a exiliarse. Muchos manifestantes han sido asesinados durante las protestas y muchos más han resultado heridos.

Varios de los críticos de Maduro lo acusan de haber ordenado la quema de los medicamentos en el enfrentamiento fronterizo a pesar de que muchos venezolanos han muerto en los hospitales por la escasez de equipo y medicinas.

Sin embargo, la afirmación de que los camiones llevaban medicinas tampoco parece tener fundamento, según videos y entrevistas.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental.

Aun así, persiste la acusación de que Maduro quemó medicinas.

“Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria en Venezuela; contrata a criminales para quemar comida y medicamentos destinados para el pueblo venezolano”, escribió John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en un tuit publicado el 2 de marzo.

Después de ser contactados por el Times acerca de estas afirmaciones, funcionarios estadounidenses emitieron un comunicado más cauto sobre cómo habría iniciado el incendio.

“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado. No especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas.

Funcionarios estadounidenses también hicieron notar que, sin importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro porque bloqueó el paso de la ayuda humanitaria, castigando a los venezolanos necesitados.

“Maduro es responsable, por crear las condiciones de violencia”, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles de voluntarios valientes buscaban resguardar y entregar la ayuda a familias venezolanas”.

El intento de ingresar la ayuda generó una confrontación que no se había visto en la frontera entre Colombia y Venezuela en años.

El 23 de febrero, la oposición venezolana planeaba atravesar un bloqueo militar impuesto por Maduro con la expectativa de que las fuerzas de seguridad del gobierno rompieran con él en vez de ser señaladas por no dejar pasar una ayuda tan necesitada. Los opositores argumentaron que entonces habría una cascada de deserciones militares que dejaría sin apoyo al gobierno.

En vez de eso, las fuerzas de seguridad de Maduro y pandillas vinculadas al gobierno atacaron a los manifestantes, que llegaron armados con piedras y bombas molotov. Uno de los camiones resultó quemado en el enfrentamiento, y eso encendió una amarga confrontación sobre quién había sido responsable.

El gobierno de Maduro también ha hecho afirmaciones sin fundamentos, como la permanente insistencia de que no hay escasez de alimentos en Venezuela.

Además, ha reclamado que el envío de la ayuda en realidad tenía suministros caducos o armas estadounidenses.

Pero una de las afirmaciones que sí sería confirmada por evidencia es la de que fueron los manifestantes quienes empezaron el incendio.

“Trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo” había quemado los vehículos de carga “que traían comida podrida”, dijo Maduro el 27 de febrero. Pero “fueron ellos mismos, los delincuentes que [Iván Duque] pagó”, aseguró ante una multitud, en referencia al presidente colombiano.

El día del incendio el gobierno de Colombia estuvo entre quienes promovieron la teoría de que Maduro era responsable de ordenar el incendio. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó una fotografía de lo que llamó “uno de los camiones incinerados por los colectivos por orden de Maduro”.

Después de la destrucción del vehículo el gobierno colombiano envió capturas de la videovigilancia en el puente fronterizo a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, de acuerdo con oficiales y reporteros que los recibieron.

El video fue editado para que mostrara a círculos de gente alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas que lanzaban gas lacrimógeno, que estallan al hacer impacto, hacia el convoy. Otras imágenes muestran al camión estallar en llamas con la implicación de que los funcionarios venezolanos fueron responsables.

Pero a esas tomas distribuidas por el gobierno colombiano les falta un periodo de trece minutos antes de que iniciara el incendio. Los oficiales de la oficina de Duque no publicaron el video completo después de varias solicitudes del Times.

Los manifestantes que lanzaron cocteles molotov desde el puente insistieron en que las fuerzas de Maduro y no sus bombas caseras iniciaron el fuego.

Junior José Quevedo, de 23 años, dijo que había llegado a las siete de la mañana de ese sábado y que intentó convencer a los policías de que dejaran pasar la ayuda. “Pero después llegó otro grupo armado, que eran colectivos”, en referencia a las pandillas aliadas al gobierno.

Adalberto Rondón, otro manifestante que lanzó bombas en el puente ese día, dijo que fue la Guardia Nacional Bolivariana la que empezó el incendio.

Su relato fue retomado ese día por funcionarios estadounidenses.

“Cada uno de los camiones incendiados por Maduro llevaba veinte toneladas de comida y medicinas”, escribió en Twitter el senador republicano por Florida Marco Rubio, al repetir una afirmación de una televisora colombiana que estaba en el puente. “Esto es un crimen y si la ley internacional significa algo entonces él debe pagar un alto precio por esto”.

Cuando el Times buscó a su oficina para conseguir declaraciones, un vocero de Rubio no hizo mención de responsabilidades por el incendio del camión e indicó en un comunicado que “Maduro tiene la responsabilidad plena por la destrucción de la ayuda humanitaria”.

Juan Guaidó, el líder de la oposición, mantiene que la ayuda tenía medicinas y que también fue quemada por Maduro.

Un portavoz de Guaidó, tras ser contactado por el Times el 7 de marzo sobre la información posiblemente contradictoria respecto del contenido del camión, dijo que “no tenía información precisa” y refirió las preguntas a la parlamentaria Gaby Arellano, encargada de la distribución de ayuda.

Arellano no pudo ser contactada esta semana, pero cuando fue entrevistada por el Times en el puente poco después del incendio del camión, el 23 de febrero, dijo que no llevaba medicamentos.

“Había tapabocas, jeringas, guantes, eso que usan en los quirófanos”, declaró entonces.

Arellano también dijo que las fuerzas de seguridad de Maduro habían quemado el envío y que sus fuerzas lanzaron latas de gas lacrimógeno que estallaron contra el vehículo.

“La bomba lacrimógena, sabes que hay una bomba cuando cae, echa candela”, indicó la parlamentaria. “Como eran cajas [en el camión] a lo que le cayó la primera, se prendió completo”.

Cuando el Times le preguntó si pensaba que había sido a propósito, comentó: “No tiene otra lógica, ¿no? Está el mundo, los medios estaban ahí en vivo. Hay videos para ver de todo”.

Nicholas Casey reportó desde Cúcuta, Colombia. Christoph Koettl y Deborah Acosta reportaron desde Nueva York. Albinson Linares colaboró con el reportaje desde Cúcuta y Anjali Singhvi, desde Nueva York.

Las 10 funciones de USAID, la mega agencia “humanitaria” de la CIA – Punto y seguido

Fuente original: Las 10 funciones de USAID, la mega agencia “humanitaria” de la CIA – Punto y seguido

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema. En este caso, recomiendo el trabajo que viene realizando el períódico español Público, y  a través de él, sus blogs, intentando mantenerse independiente en un ambiente de grandes grupos económicos.

Por Nazanín Armanian

2 marzo 2019

Los camiones de caridad de la USAID destinados a Venezuela siguen estacionados en la frontera con Colombia, mientras Donald Trump, el hombre que personifica la solidaridad, amenaza al país suramericano con un ataque militar: quiere que miles de venezolanos que morirán por el impacto de bombas y balas lo hagan con el estómago lleno de galletas que no pudo vender en el mercado de los países desarrollados, quizás por utilizar semillas modificadas, o porque estaban a punto de caducarse.

La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) fue creada en 1961 con la intención de ampliar el “Plan Marshal” a los países estratégicos del mundo, canalizando sus políticas para 1) impedir que las fuerzas comunistas, -que se fortalecieron al derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial-, tomasen el poder, y 2) abrir nuevos mercados a las empresas de EEUU. El vínculo entre la USAID y la Oficina de Seguridad Pública, entonces dirigida por el agente de la CIA Byron Engle, ha ido renovándose año tras año: en 2015 Barack Obama nombró a la directora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Gayle Smith como la directora de la agencia.

Según WikiLeaks, entre 2004 y 2006, la USAID realizó diversas acciones en Venezuela y una donación de 15 millones de dólares a decenas de organizaciones civiles, con el fin de llevar adelante la estrategia del ex embajador de Washington Venezuela William Brownfield, basada en provocar fractura en el chavismo y organizar a los sectores descontentos con las reformas del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las funciones de USAID

1. Elegir el país adecuado para el proyecto elaborado por la Secretaria de Estado, y obviamente, no siempre es el más necesitado. Luego la agencia debe decidir en qué sector se va a implicar, aunque sus preferidos son el de energía, educación, salud, seguridad y agricultura. En éste suele sustituir la producción de cultivos alimentarios por los comerciales. Después, coloca a sus efectivos en los puestos claves para subvertir las economías locales. Las veces que contrata a valiosas personas solidarias nativas, es para reducir a quienes deberían militar en los partidos políticos para un cambio fundamental en meros gestores de caridad. En Irak colonizado, USAID inyecta la economía neoliberal, impone masivas privatizaciones, incluida una parte de la industria petrolífera, y obliga a la teocracia títere instalada comparar granos transgénicos de Monsanto. En Perú, la agencia donó 35 millones de dólares en los años 1990 a la campaña de Alberto Fujimori, cuyas medidas económicas hundieron al país en la miseria. La solución del protegido de USAID no fue reducir la pobreza sino a los pobres: Fujimori esterilizó de forma forzosa a 300.000 mujeres indígenas.
2. Debilitar e incluso eliminar las instituciones del país receptor, creando redes y entidades paralelas, promoviendo la desnacionalización de los sectores fundamentales en favor de la gestión de los “emprendedores”. Obviamente, el interés de la burguesía de EEUU no está en la autosuficiencia de otros países, sino todo lo contrario.
3. Facilitar a la CIA “plantar sus hombres en las policías de los países estratégicos de todo el mundo“, afirma el ex corresponsal de New York Times AJ Langguth. De hecho, el presupuesto de USAID en parte es el financiamiento oculta de las agencias de inteligencia de EEUU.
4. Fortalecer el dominio de EEUU sobre las finanzas mundiales. En India, país retén de China para Washington, USAID en coordinación con el gobierno ultraderechista de Narendra Modi implantó la “digitalización de la economía”, obligando a decenas de millones de personas de las clases más desfavorecidas del país abandonar el pago en efectivo en favor del digital, dándoles solo un mes -noviembre del 2016- para entregar sus billetes grandes al banco, cuando la mayoría ni tenían ni cuenta bancaria. y ¿Qué consiguió USAID?

a) Servir a los intereses de las Tecnologías de la Información (TI), a los proveedores de servicios de pago y a las compañías de tarjetas de crédito MasterCard, Visa y a la Fundación Gates que prometió a cambio donar un generoso cheque a la ONU

b) Empobrecer a los indios, acabando con los ahorros de muchos pequeños comerciantes y productores, que no consiguieron ingresar su dinero.

c) Hacerse con los datos de los usuarios.

d) Al reducir el uso de efectivo a nivel mundial, permite a EEUU fortalece el dólar mediante el predominio de sus empresas sobre las finanzas internacionales.

e) Vigilar el negocio global: Washington así puede sancionar, por ejemplo, a las compañías que trabajan con Irán, como la china Huawei.

5. Capacitar las fuerzas de represión de un estado, preparándolas para desmantelar la resistencia de la población. El hombre de USAID en Uruguay Dan Mitrione daba cursos en los años setenta sobre el “complejo arte del interrogatorio” y de cómo habría que torturar a los detenidos, utilizando “en directo” a hombres y mujeres sin techos como cobayas humanos. USAID, junto con Green Berets (Boinas verdes) y CIA, está implicada en la tortura, matanza y la desaparición de miles de hombres y mujeres progresistas guatemaltecos, al entrenar para esta misión a cerca de 30.000 policías y grupos paramilitares. En Brasil la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), una contratista de USAID dedicada a desestabilizar los gobiernos no aliados, operó del mismo modo. Una de sus víctimas fue Dilma Rousseff, detenida y torturada por ser una estudiante marxista.

6. Crear miles de puestos de trabajo para las ONG estadounidenses y dotándolas de enormes fondos públicos y privados al servicio de los intereses de donantes como Rockefeller, Soros, Gates, Ford y Omidyar, mientras abre los mercados a las corporaciones de EEUU. La propia USAID afirma devolver a su país cerca del 80% del dinero invertido en esta organización. Una vez que Bus y sus aliados convirtieron a Irak en escombro a golpe de mentiras en 2003, uno de los contratistas de USAID, “Creative Creative Associates International Inc. (CAII)” se adjudicó un contrato por el valor de 157 millones de dólares destinados a comprar pizarras y tiza para los colegios previamente destruidos por los misiles estadounidenses. Otro, International Relief and Development (IRD), recibió 2.4 mil millones de dólares con los mismos fines, y Halliburton y Bechtel otros tantos. En Afganistán, el principal receptor de las ayudas de EEUU, y donde aterrizaron cientos de onges occidentales “expertas en género” para “salvar a las mujeres”, USAID destinó 216 millones de dólares en 2018 para empoderar a 75.000 mujeres: según el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán sólo empelaron a unas 50 y el dinero de los contribuyentes se esfumó. Pasó algo parecido a otros 89.7 millones de dólares. Arnold Fields, su director fue forzado a dimitir por el Congreso. La “Democratización de Afganistán” dirigida por Bush-Cheney y 300.000 soldados de la OTAN y decenas de miles de la subcontrata “Yihadista” del Pentágono, además de acabar con la vida de cerca de un millón de afganos y provocar la huida de millones de familias de sus hogares, ha significado borrar la memoria histórica de esta nación desde los libros de texto: pocos recuerdan que la República Democrático de Afganistán (1978-1992), dirigida por los comunistas, eliminó la usura, el cultivo del opio, legalizó los sindicatos, estableció una ley de salario mínimo, el convenio colectivo, la igualdad entre el hombre y la mujer, que permitió que por primera vez el 40% de los médicos fueron mujeres así como el 60% del profesorado de la Universidad de Kabul. Se declaró gratuita y universal la educación, al igual que la sanidad, duplicando además las camas en los hospitales. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), el número de civiles muertos o heridos en los ataques de la OTAN en 2017 aumentó un 50% respecto al 2016, y que dos tercios del total eran mujeres, niños y niñas. Hoy en las escuelas de USAID no enseñan los valores de la colectividad, sino el individualismo más perverso de “sálvese quien pueda”.

7. Socavar la resistencia al imperialismo y a las dictaduras aliadas, en los países en tensión, paliando el hambre de forma puntual y en momentos concretos con una limosna, impidiendo que la población se organice exigiendo la justicia social. En Egipto, tanto en el periodo del régimen de Mubarak como hoy bajo el despotismo del general al Sisi, Washington obliga a El Cairo comprarle armas cuando miles de personas viven en los cementerios, y luego le envía a USAID para repartir pan en los barrios que se levantaron durante la secuestrada “Primavera” del 2011, socavando la resistencia. Ha hecho lo mismo en Haití: en los barrios donde los trabajadores habían organizado “ollas públicas” para demandar justicia, reparte míseras bolsas de comida, forjando lealtades: “todos besarían las manos que les da de comer”, ha pensado.

8. Provocar protestas populares contra los gobiernos que repudia bajo la bandera de “Promoción de la democracia”. USAID ha sido expulsada de Rusia, de los países del ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominica, Nicaragua y Venezuela) y de Burkina Faso. Aquí, el presidente de Thomas Sankara, El Che Guevara de Burkina Faso, fue derrocado por un golpe de estado patrocinado por Francia y asesinado en 1987 en castigo por sus grandes medidas dirigidas a la autosuficiencia de la nación. Libia, uno de los países más desarrollados de África, hoy es el mejor ejemplo de esta clase de “liberación”.

9. Crear sus propios medios de comunicación aparentemente despolitizados (Deportivos, musicales, etc.) enviando mensajes subliminales a beneficio de la economía de mercado, del consumismo, la insolidaridad, etc. USAID, a través de la OTI, introdujo en Cuba en 2010 un sistema de mensajería similar a Twitter llamado ZunZuneo. Mientras recopilaba los datos personales de cientos de miles de usuarios a través de sus móviles, pretendía organizar disidencias en la red y también en las calles. Creative Associates International Inc. (CAII), otra de los contratistas de USAID, patrocinó a algunos raperos para atrapar a los jóvenes.

10. Recibir más subvención por mayor destrucción a causa de la guerra: en marzo del 2017, EEUU bombardeó “por error” un edificio en Mosul matando a 105 iraquíes civiles: dos días antes USAID había presentado su solicitud de nuevos presupuesto para la reconstrucción de Irak: ¿Mercaderes de “guerra-construcción”? ¿Bomberos pirómanos? ¡Todo parecido a la escena de la película “Niño” en la que Charlot propone a su hijo romper los cristales del vecindario para lucrarse instalando vidrios nuevos es pura coincidencia!

Si la guerra y la pobreza no fueran tan rentables estarían prohibidas por la ley.

Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

Fuente original: Argentina, las entrañas del lawfare y la fabricación de “arrepentidos” | Opinion | teleSUR

Como siempre, recomiendo visitar el sitio del artículo original, para obtener mayor información del tema y, en este caso, para conocer el  gran esfuerzo y trabajo periodístico de este medio creado para ofrecer otra visión de la mostrada por los grandes grupos multimedios y las agencias de noticias internacionales dominantes.

Por: Claudio Fabian Guevara

Publicado 26 febrero 2019

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos

Un armado con fines de persecución política se convirtió en un grupo de extorsionadores desbocados, que dejó sus huellas en mensajes de WhatsApp, videos y documentos. Una causa fulminante desnuda la asociación ilícita entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de medios hegemónicos.

La causa de las fotocopias de los cuadernos en Argentina, un dispositivo mediático-judicial que desde hace más de un año acusaba a ex funcionarios kirchneristas y empresarios, se dio vuelta de forma inesperada. Diseñado para el acoso político de opositores, el equipo devino en un grupo de tareas que incursionó en el crimen común: la extorsión de sus víctimas para cobrarles grandes cantidades de dinero.

Así, el lawfare se salió de cauce y la desmesura de su alcance generó una represalia inesperada. Una de las víctimas acumuló pruebas contra el operador de la extorsión, presentó la denuncia judicial y abandonó el país. Las cámaras ocultas, audios y capturas de Whatsapp son demoledoras. Un allanamiento a la casa del acusado halló más evidencias: decenas de carpetas con datos de inteligencia de potenciales víctimas de coacción, a los que se les exigiría dinero o declaraciones en la causa como arrepentidos.

La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos. Ilustra, además, como un armado con fines de persecución política se puede convertir en un grupo de delincuentes comunes.

Arrepentidos y acusaciones sin pruebas: clave del lawfare

La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. El ex presidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias. Es también el caso del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass. Otras causas judiciales están sustentadas en simples acusaciones unilaterales, retroalimentadas por las usinas noticiosas, y con la venia del poder político, como los cargos contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, o las múltiples causas que la gobernación de Jujuy (Argentina) armó contra la luchadora social Milagro Sala.

En este contexto, en 2018 en Argentina explotó una megacausa judicial especialmente diseñada para su impacto mediático: los cuadernos del chofer Centeno. El relato sostenía que el chofer de un funcionario kirchnerista de segunda línea durante una década había anotado en 10 cuadernos los recorridos que hacía su jefe recogiendo sobornos de grandes empresas y entregando lo recaudado en distintos circuitos del poder político.

La causa fue débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Además, los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedaron unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario La Nación, que impulsaron la denuncia.

Era fácil conjeturar que se trataba de fotocopias de cuadernos apócrifos. Sin embargo, se procedió de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios. Con un gran show mediático, los acusados eran citados y quedaban instantáneamente detenidos. O eran liberados en pocas horas, si “colaboraban” y “confesaban”.

“El criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumían Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.

Todo el procedimiento era contrario a derecho. Judicialmente, el show no conducía a ninguna parte. Se generó un festival de arrepentidos y acusaciones cruzadas que no lograba establecer prueba material alguna sobre movimientos de fondos, pagos de coimas y otros ilícitos. La causa es un típico verosímil informativo: combina aspectos reales (la corrupción endémica y el pago de coimas de grandes empresas para obtener obras públicas) con pura literatura apócrifa y un proceso judicial orquestado para las cámaras.

Sin embargo, el aparato mediático intoxicó a los ciudadanos con la historia, y el caso conservaba cierta credibilidad. Para las audiencias desprevenidas el fiscal Stornelli aparecía como un adalid anticorrupción.

Marcelo D`Alessio, colaborador del fiscal Stornelli, detenido por extorsión

Todo se complicó cuando una de las presas escogidas, el empresario Pedro Echebest, le tendió cuidadosamente una trampa a Marcelo D`Alessio, públicamente presentado como director de la DEA y especialista en la lucha antinarcóticos. D`Alessio, invitado habitual a programas de TV y columnista del diario Clarin, persiguió durante semanas a Echebest con el argumento de que éste había sido incriminado en la causa de los cuadernos. En nombre del fiscal Stornelli, el falso abogado D`Alessio le pidió a Echebest una alta suma de dinero para dejarlo fuera de la causa.

Echebest fingió aceptar, entregó una parte del dinero y pidió tiempo. Durante semanas guardó evidencias del chantaje -audios, capturas de WhatsApp y filmaciones de los encuentros-, preparó cuidadosamente una denuncia bien documentada y salió del país para preservar su integridad.

Horacio Verbitsky, un periodista de larga trayectoria, fue el encargado de difundir el caso con pelos y señales en su blog “El Cohete a la Luna”: “Un director regional de la DEA y sobrino del Escribano de Macri pidió 500.000 dólares a un empresario para no detenerlo y dijo que era una práctica habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. En exclusiva, la filmación del primer pago, las fotos con Stornelli, las filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes grabados”, arranca el largo informe.

La denuncia de Echebest incluía el video donde se veía a D`Alessio recibiendo un primer pago de casi 15 mil dólares, en billetes cuya numeración se resguardó ante escribano público.

Video de la entrega: https://youtu.be/jqPquzwCApg

Los cuadernos de la extorsión: entre el lawfare y el latrocinio

Todo se precipitó. El allanamiento de la justicia al domicilio de D`Alessio halló abundante documentación probatoria de un trabajo de equipo entre operadores judiciales y agentes de inteligencia para estudiar a fondo las potenciales víctimas. Más de 20 expedientes concentraban datos familiares, estado patrimonial, debilidades y secretos personales que permitían vulnerar psicológicamente a los personajes “target”. La reconstrucción del modus operandi del grupo permite inferir que en algunos casos se pedía dinero para evitar la incriminación en la causa. En otros, se exigía la participación como “arrepentidos” o declarando en contra de enemigos políticos.

Una de las últimas operaciones en las que D`Alessio se jacta ante su jefe Stornelli se refiere a la conversión en arrepentido de Gonzalo Brusa Duvat, que trabajo en Pdvsa Argentina. Lo amenazaron con una causa judicial en el fuero penal económico, pero le dijeron que harían desaparecer ese expediente si aceptaba declarar como arrepentido ante Stornelli. Así lo hizo, y la inquisición mediática se encargó de amplificar el caso, salpicando de paso al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En otros casos, los fines eran meramente recaudatorios, como el denunciado por Víctor Palomino Zitta el 23 de febrero, quien asegura que D`Alessio le pidió medio millón de dólares para mejorar su situación en una causa de contrabando. D’Alessio presionó para que entreguen medio millón de dólares que “serían repartidos entre la fiscal del caso, el juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)”. Pero al mismo tiempo D’Alessio le exigió a Palomina Zitta que se convirtiera en arrepentido y declarara una serie de nombres. Así lo hizo, acusando a “gente que no conocía”, según reza la declaración ante el juzgado de Ramos Padilla. “Me sentía coaccionado ante el temor de quedar detenido y la presencia del periodista de tanto renombre”.

El concubinato de servicios de inteligencia, agentes judiciales y periodistas

D`Alessio fue detenido el 15 de febrero, y el 25 del mismo mes el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo procesó como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.

El magistrado demuestra en las 220 páginas de su resolución el vínculo estrecho entre el fiscal Carlos Stornelli y D’Alessio a través de numerosos mensajes y audios, una reunión de cuatro horas en Pinamar y escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos. Para Ramos Padilla, algunas de las operaciones de D`Alessio estaban en conocimiento de Stornelli, que se desvinculó de su colaborador pero cuya credibilidad se ve seriamente cuestionada.

El caso también salpica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -quien según D`Alessio le pagaba un sueldo de 200 mil pesos mensuales- y a otros numerosos personajes mencionados por el detenido. Entre ellos, dos ex comisarios detenidos ayer.

El punto clave de todo el procesamiento del juez Ramos Padilla es que considera que existe “una comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático”. El grupo de tareas en torno a la dupla Stornelli-Bonadío utiliza extorsiones, coacciones, carpetazos, causas falsas  abogados truchos para exigirle plata a ciudadanos, pero más que eso para armar y dirigir causas judiciales.

Aparece como aberrante la promiscuidad entre servicios de inteligencia y el aparato judicial, con D`Alessia como gestor de por medio. También la cohabitación de periodistas emblemáticos del sistema: Daniel Santoro del Grupo Clarín y Eduardo Feinmam de la TV aparecen como contactos habituales de operaciones coordinadas vía WhatsApp.

Ahora, la administración colonial de Mauricio Macri intenta alejar el juez Ramos Padilla de la causa, y hacerla caer en alguna dependencia judicial adicta. Stornelli es un colaborador de larga data del presidente, un verdadero soldado de la mesa chica del poder. Lo defenderán hasta las últimas consecuencias.

Fake news: El puente de Venezuela Aid Live | Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela | Página12

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23 de febrero de 2019

Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela

Fake news: El puente de Venezuela Aid Live

Por Felipe Yapur y Ernesto Tiffenberg

El puente Las Tienditas está cerrado porque Colombia nunca construyó las instalaciones aduaneras. Imagen: AFP

La imagen es impactante. Tan impactante que ocupó la portada de la mayoría de los grandes diarios internacionales. Muestra un inmenso puente de tres vías con dos conteiners y un acoplado cruzados que, obviamente, impiden el paso. El puente está desierto y los títulos que acompañan a la fotografía intentan explicar porqué: “El bloqueo fue dispuesto este 6 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la llegada de ayuda humanitaria a su país”. Así lo reprodujo Clarín y, palabra más o menos, así lo repitieron en todo el mundo después de que se conociera que en uno de los extremos del puente, llamado Las Tienditas, se levantaría el escenario del promocionado festival Venezuela Aid Live.

El único problema es que el 6 de febrero de 2019 no se bloqueó ningún puente. El puente está bloqueado desde el día en que terminó su construcción, a principios de 2016. En otras palabras, el puente nunca fue inaugurado y hace tres años que muestra la misma impactante imagen de la inmensidad desierta.

Los grandes medios internacionales amplificaron las mentiras sobre el puente Las Tienditas.

La historia de Las Tienditas puede resumirse en pocas líneas. Frente a una frontera colapsada por la intensidad del tránsito, acordaron su construcción los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, en alguno de los escasos momentos en que las relaciones entre los dos países no eran tan malas. Empezaron las obras en 2014 y veinte meses después estaban terminadas. O casi. Colombia nunca construyó las correspondientes instalaciones aduaneras porque ya estaba claro que el puente no se usaría. Las relaciones entre los dos países ya no eran tan buenas. Los colombianos aseguran que por decisión de Caracas. Los venezolanos aseguran que por decisión de Bogotá. Lo mismo ocurre con el financiamiento. Los colombianos sostienen que se pagó a medias. Los venezolanos sostienen que todo el dinero lo pusieron ellos. Lo que está fuera de discusión es que Colombia levantó una impresionante reja en la mitad del puente que impide desde hace mucho el paso. Si uno mira con cuidado las fotos que ahora se hicieron famosas, puede ver las rejas adelante de los conteiners.

La diferencia entre lo publicado y la realidad no es inocente. Presentar al Gobierno venezolano levantando muros en su frontera, para evitar que llegue “ayuda humanitaria” para sus ciudadanos, no contribuye a mejorar la imagen internacional de Nicolás Maduro, justo cuando es en el terreno internacional donde se juega la principal batalla por su continuidad en el cargo.

Algún desprevenido podría argumentar que en estos días, y sobre todo en los días de Donald Trump, los muros entre países no son mal vistos. Pero las noticias no están destinadas a Donald Trump. Están destinadas a convencer a los ciudadanos de todo el mundo, en especial a los estadunidenses y latinoamericanos, de que la ofensiva contra el gobierno venezolano no es por el petróleo o el coltán o el oro, ni para escarmentar a cualquiera que desafíe los mandatos de Washington, sino por “la ayuda humanitaria”.

La imagen del puente ya quedó instalada en la historia. El  Venezuela Aid Live se transmitió en cadena mundial. El promocionado objetivo del festival, financiado por el magnate británico Richard Branson y su socio colombiano Bruno Ocampo, es “conseguir ayuda humanitaria para repartir entre los necesitados venezolanos”.

Branson no oculta que la idea surgió a pedido de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente por decisión de la Casa Blanca, ni que casualmente el día siguiente al recital es el anunciado por Guaidó, bajo el estricto cronograma fijado por Trump, como el destinado a que entre en Venezuela la “ayuda humanitaria” enviada por Washington. Si es posible por las buenas y si no queda más remedio por las malas. Como el Gobierno venezolano ya anunció que no está autorizado el ingreso “por las buenas” todo indica que si la entrada se concreta será “por las malas”.

Resulta muy difícil imaginar un desemboque pacífico y humanitario para un festival convocado por “la paz” y “la ayuda sin banderías políticas”. Aunque así lo repitieron, sin ponerse colorados, cada uno de los músicos presentes.